Conociendo el criterio del Gobierno de Canarias para con el territorio -especialmente en las islas occidentales- y su sensibilidad para la adopción de medidas de regulación, ordenación o catalogación en Lanzarote, todas elaboradas a la vez por empresas del Gobierno y en exposición pública casi de forma simultánea, toca ahora el plan denominado como Zonas de Aceleración de Energías Renovables, ZAR, plan que, dependiendo de cómo se materialice, podría suponer un modelo de intervención que altere significativamente la percepción del paisaje. Se recoge en un documento normativo, que, aparentando la implantación de energía renovable, presumiblemente, podría ya no atender a la salud del planeta, sino enmascarar el negocio puro y duro a partir de la energía del viento o la del sol, esto es, materializada en aerogeneradores y placas fotovoltaicas.

Todo ello se presentó en sociedad en forma de protocolo con palabras altisonantes y  supuestas intenciones bondadosas, por parte del consejero del área de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias y del presidente del Cabildo de Lanzarote. Parecen haber atendido para tal presentación a la consideración de que fuera a finales del mes de julio, con la sociedad en otros asuntos más refrescantes y un poco hasta las narices de la vorágine en la que se ha embarcado el Gobierno para despistarnos sobre sus intenciones reales con multitud de planes que han sacado casi simultáneamente, aparentemente para  ordenar, pero, en la práctica, para, supuestamente, medrar  con nuestro suelo.

Acabamos de enterarnos de que los planos publicados del ZAR, que deberían responder a un acuerdo producido entre el Cabildo y el Gobierno, a partir de las pretensiones de este último de llenarnos el suelo de infraestructuras para la obtención de energía, no se corresponde con lo acordado. Se han equivocado de planos -dicen- y parece que llevan equivocándose demasiadas veces. Estamos en manos de incompetentes para la gestión pública, o de muy competentes para lo suyo pasando por  errores lo que de este modo les  favorecería a ellos o a terceros. Nunca dan puntada sin hilo.

El ZAR sustenta sus pretendidas actuaciones en una serie de variables de todo tipo,  y una de las cuestiones que preocupa al Gobierno es la seguridad jurídica de los inversores. Recordaría que para el logro de esa condición es necesario crear un marco normativo. Es más, en los tiempos que corren se  ha impuesto crear leyes para unas muy poco sutiles formas de delinquir. Parece la tendencia en alza, pues en lugar de trapichear en la trastienda, se le da rango de ley, de decreto,  de plan o de lo que toque, y se publica en boletín. Es lo que viene sucediendo con todos los documentos salidos del Gobierno y que afectan a Lanzarote.

Por lo que se ve, el gobierno que representa Mariano H. Zapata ya ha cuadriculado la isla para que haya suelo con seguridad jurídica para inversores privados en energías renovables. No se les ocurre nada que no sea negocio para terceros, puesto que de iniciativas públicas para acometer los proyectos, supuestamente medioambientales, de manera que abaraten la energía producida, ni hablan. O pasamos por el aro de las empresas eléctricas o lo hacemos por el aro de los promotores particulares que igualmente pasan por las eléctricas. Esta energía genera ingentes beneficios a partir de un recurso natural y universal pero que ni abaratan ni bonifican, sino que pone más ricos a lo que ya lo eran o muy ricos a los nuevos actores que cuentan con el favor de un gobierno que hace leyes y normas para  la seguridad  de sus negocios y que no van a repercutir en el bolsillo de los usuarios ni en la mejora de su calidad de vida. Ni baja la factura de la luz con los aerogeneradores instalados ni se espera que ello suceda. Ponemos nuestro paisaje a su disposición y no obtenemos beneficio alguno. Como se puede deducir con esa forma de proceder, están lejos de representar a muchos miles de ciudadanos. Quiero decir que debe dejar de valer lo de justificar la producción de  energías limpias por la salud del planeta, pues es hora de que comiencen a hacerlo por nosotros y luego por el planeta, en ese orden. Para el logro de tal ambición hay que generar leyes y normas que tengan a la administración como protagonista de determinadas actuaciones y que en ellas se recoja el beneficio para la población además de la contribución a la vida.

Si la fuente es la correcta, casi tres mil ciento sesenta y cuatro hectáreas de suelo conejero para infraestructuras eólicas o fotovoltaicas, es lo que pretenden destinar, que viene a ser el  equivalente a toda la superficie de La Geria. Ahora, imaginen una superficie similar al espacio protegido lleno de aerogeneradores y de placas fotovoltaicas, un suelo que es paisaje, y patrimonio visual; es lugar para la vida y testimonio cultural; es recurso natural  y recurso turístico. No hay más que acercarse por Fuerteventura para que apreciar el impacto de todas estas iniciativas que el Gobierno impuso apelando al interés general.

La trampa en el ZAR -de haberla- parece encontrarse en un tiempo verbal, el participio “condicionado”. Debe inferirse que las actuaciones en muchos suelos que aparecen como condicionadas lo estarán hasta que un informe favorable elimine la traba. Parece clara la jugada y es que se puede aventurar que en todo el suelo propuesto los informes se elaborarían para que dejen de estar condicionados y  favorezcan las eventuales inversiones. Han dado apariencia de consenso al resultado final, pero sólo es apariencia, y, desde luego, quienes se hayan sentado a la mesa a pactar esto, como “el sector empresarial y otros de relevancia como la Reserva de la Biosfera”, según recogen los medios  de comunicación, visto el resultado, deben andar en el ajo unos, o sufrir de falta de luces la otra. Hábil fórmula, indudablemente, pero no se trata de atribuir la maldad alegremente al Gobierno, sino analizar su trayectoria en lo últimos tiempos, y todo plan, proyecto, catálogo planeamiento redactado parece conducir a lo mismo. De la Cámara de Comercio no podemos esperar la atención al interés general más que estén al servicio de sus intereses económicos.  

Existe una actuación que todos conocemos entre Montaña Mina y Zonzamas, consistente en la implantación de molinos para la producción de energía por la fuerza del viento. Una de las características de este emplazamiento es que el impacto visual es muy limitado, lo cual es un beneficio importante en la implantación de determinadas infraestructuras. Colóquense, pues, más aerogeneradores en ese espacio que es el que cuenta con buenas condiciones de viento, así como algunas placas fotovoltaicas y promovamos, además, el autoconsumo por medio del uso de estas placas por agrupaciones de viviendas, por viviendas unifamiliares, instalaciones industriales o educativas. Ya tendremos los recursos necesarios para pensar en una fórmula eficaz de autoabastecimiento sin impactos visuales para nuestra calidad de vida, baratos y sostenibles paisajísticamente. La administración debe liderar tal tipo de medidas y dotar de los recursos a la población para ese fin. Porque ya vale de que usen nuestros votos para negociar con nuestro suelo favoreciendo intereses privados donde los límites nunca están muy claros porque desconocemos, hasta qué punto, si algunos personajes públicos han entrado por la puerta de atrás  como inversores de esos negocios.

Dado que el protocolo ha sido suscrito a dos bandas, Oswaldo Betancort  y Mariano H, Zapata, que representan al Cabildo y al Gobierno de Canarias, es por ello por lo que ambos deben ser  objeto de  censura, especialmente a la administración más cercana, el Cabildo, que es quien representa nuestros intereses ante el Gobierno. No sólo no ha dedicado una sola línea en el documento a la población lanzaroteña -ni una- a la que se deben y que son los usuarios finales de ese plan, sino que es una bajada de pantalones de Betancort en toda regla ante la voz de su amo. Es la muestra documentada y firmada de lo que le importamos esta ciudadanía que no merecen. Y eso que hablamos de Coalición Canaria, un partido nacionalista apostado contra lo nuestro con un ejército de francotiradores por todas las islas. Por eso, “lo nuestro” es su lema.