Laetitia Marthe y Julie Campagne

¿Aceptar o resistir?

Contábamos con la instrumentalización electoralista de la inmigración. Contábamos también con la cortina de las prioridades, corrida por los partidos políticos, a la hora de posicionarse a favor de una migración legal y segura para todas y para todos. Contábamos con la publicación reiterada de comentarios xenófobos al pie de las noticias sobre la llegada de pateras. No sabíamos que de allí a la represión policial de la solidaridad, tan solo quedaba un paso. El 3 de abril, la Guardia Civil emitió una nota de prensa en la que daba a conocer que ya no quedaba paso por dar: abrieron una investigación a siete de los trabajadores del centro de menores migrantes no acompañados de La Santa, centro que estuvo funcionando entre octubre del 2018 y febrero del 2019.

La Guardia Civil abre la investigación por supuestos “delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y revelación de secretos”. Los investigados son 7 de los 47 trabajadores contratados por la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, a la que fue concedida la gestión del centro de menores ubicado en el albergue de La Santa (Tinajo). Es probable que, en algún momento, dicha organización tenga que posicionarse ante las acusaciones sufridas por sus extrabajadores. Pero, podríamos preguntarnos por qué esta investigación se abre ahora, después del cierre del centro. ¿Cuáles son los intereses a la hora de poner en tela de juicio a la labor diaria de los profesionales que trabajan con menores extranjeros no acompañados? Pero esta es otra cuestión, una cuestión que podría impedir que focalicemos la atención sobre el suceso que nos preocupa: que se investigue (judicialmente) la solidaridad.

Podríamos preguntarnos por qué la noticia de la investigación a las trabajadoras y trabajadores del centro de menores viene acompañada (en torno al 3 de abril) de un rosario de noticias, todas al servicio de una conocida e identificable retórica de la inseguridad: fardos de hachís llegando a la isla, desmantelamiento de una red de tráfico de drogas, denuncia sindical acerca de las condiciones de trabajo de los educadores en los centros de menores, falta de efectivos en la Guardia Civil, etc. En principio, son hechos que no guardan relación entre sí. Tan solo guardan relación geográfica y temporal. Pero, analizar el papel de la retórica de la inseguridad en la imagen que se está dando de las poblaciones que arriban de África, no es, ahora mismo, nuestro propósito. Cierto que, entre los comentarios publicados en los medios de comunicación online (recordemos que la difusión de palabras xenófobas y racistas participa del delito de incitación al odio) y la profusión de noticias con enfoques alarmistas, fakes, y demás objetos supuestamente informativos, habría mucho que estudiar. Pero sería obviar el trasfondo del asunto: en Lanzarote, hay personas que están siendo investigadas por lo que Amnistía Internacional define como “delitos de solidaridad”. Que a todas y a todos nos quede claro el subtítulo de la noticia: tener un gesto a favor de la dignidad humana puede meternos en un buen lío.

Finalmente, podríamos interrogar el vocabulario que se emplea en la noticia: leemos que las personas son “fugados” y que el centro cumplía la función de “internamiento”, a esperas de los resultados de las pruebas óseas destinadas a establecer la edad legal de los jóvenes (mayor o menor). Una prueba que define su futuro ante los ojos de la justicia. Pero, ¿si el centro tenía vocación de encerrar ─perdón, se dice “internar”─ por qué no llamarlo “cárcel infantil”? Contra esta vocación de encerrar, de internar, de apresar, los educadores, los psicólogos, los auxiliares y demás técnicos luchan cada día, para que los centros se asemejen a hogares más que a cárceles: ese es su oficio. Pero lo tienen que ejercer en condiciones extremas. A pesar de los repetidos naufragios de nuestra historia reciente y a pesar de la posición geográfica del archipiélago, a pesar de saber que van a seguir llegando pateras a las costas canarias, nadie, ningún partido político, muestra intenciones de cambiar a favor de una mayor humanidad, un sistema de acogida obviamente inadecuado y afuncional (la tendencia parece ser más bien a la inversa: partidos con propuestas inhumanas, los hay). Un cambio digno sería disponer de más estructuras, que fueran enfocadas al arraigo social y que funcionen de forma continuada y no solo cuando hay arribadas de migrantes. Hasta podríamos tener la osadía de imaginar que el acogimiento fuera gestionado directamente por los servicios públicos, otorgando a los profesionales del sector el reconocimiento social que se merecen. Pero, nos preguntemos acerca de cómo adaptar la acogida o nos preguntemos acerca del cinismo del vocabulario, de la “legalidad” de las personas, cuestionemos el recurso a pruebas físicas para definir el destino de grupos humanos, o el significado de ser “comunitario”, de nuevo, damos por aceptada la tremenda desigualdad que afecta a la humanidad.

Quizás, el más aterrador de todos los discursos sea el que pretende condenar sin ni siquiera darse cuenta de que, en el fondo, está aceptando la situación. Es el mismo que emplea de escudo a la sacrosanta urgencia, para definir unas políticas. El mismo que invoca la normativa europea para no mover ni un dedo. El mismo que da por sentado que con un voto en las urnas de vez en cuando hacemos más que cumplir con nuestros deberes políticos. De esta manera pues, se reprime la solidaridad, al amparo de unas leyes que van en el sentido contrario de la dignidad de los seres humanos. Visto así, no sería nada sorprendente que haya personas que se resisten a estas leyes. Tal vez sea hora de preguntarnos qué pasaría si se nos tratase legalmente a todas y a todos por igual. Tal vez sea hora de preguntarnos si, verdaderamente, nuestro sistema colapsaría por otorgar los mismos derechos a todas y a todos. Tal vez sea hora de preguntarnos lo que pasaría si todas y todos resistiéramos.

Comentarios

De todas todas, "todos" incluye también a todas. Las leyes las hacen los poderes legislativos de los gobiernos, la Justicia las aplica y la policía vela también por su cumplimiento. La Guardia Civil, es una de las instituciones más queridas y respetadas tradicionalmente en España, por merecimiento con justicia.

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