El diputado de Lanzarote y La Graciosa y presidente insular de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Yoné Caraballo, ha denunciado públicamente junto con la doctora Blanca Torres, el presidente del comité de empresa del Hospital Insular, Ariel Bonilla, y su compañera, las intenciones del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote, de cerrar el Hospital Insular como hospital geriátrico de referencia para convertirlo en una planta más del Hospital Doctor José Molina Orosa.

Caraballo explicó que, tras solicitar documentación a la Consejería, ha tenido acceso a informes que evidencian la intención de ocupar el edificio del Hospital Insular, tras una notificación oficial emitida el pasado 4 de diciembre. Este hecho, señalan, explica la reactivación de las presiones para trasladar servicios y personal al Molina Orosa.

En relación con el estado del inmueble, el informe técnico solicitado reconoce el deterioro estructural propio de un edificio con más de 75 años, pero concluye de forma clara que no es necesaria la adopción de medidas inmediatas, ya que no existe riesgo para la seguridad. A pesar de ello, Caraballo denuncia que, por segundo año consecutivo, ni en los Presupuestos Generales de Canarias de 2025 ni en los de 2026, se ha destinado ni un solo euro para la reforma o reconstrucción del Hospital Insular, ni existe proyecto alguno. “Si no hay financiación ni proyecto, ¿por qué tanta prisa?”, cuestionan desde la formación, que advierte de una intención encubierta de desmantelar progresivamente el hospital para reconvertirlo en un centro exclusivamente sociosanitario.

Ante esta situación, el diputado ha registrado una Proposición No de Ley (PNL), redactada con aportaciones de la doctora Blanca Torres, que será debatida en el primer pleno del Parlamento de Canarias de 2026. El objetivo es lograr una amplia mayoría parlamentaria que garantice la continuidad del Hospital Insular de Lanzarote como hospital geriátrico.

La PNL recoge, entre otros puntos clave: La necesidad de un proyecto y financiación económica para la restauración del edificio; el compromiso de la Consejería de Sanidad de establecer un calendario de plazos claro antes de cualquier traslado de servicios; y la garantía de retorno de todos los servicios trasladados durante las fases de restauración.

Asimismo, recoge la participación de los profesionales del Hospital Insular en el proceso, consensuando las mejores condiciones para usuarios y personal; y la garantía permanente de la calidad asistencial y del respeto a la especialización geriátrica, incluso en situaciones de colapso hospitalario.

Desde NC-BC se insiste en que el Hospital Insular “no pertenece a ningún partido político ni a ningún cargo público”, sino que es patrimonio del pueblo de Lanzarote y Canarias.

“Tenemos la responsabilidad colectiva (profesionales, clase política, sindicatos y sociedad en general) de garantizar su continuidad con plenas garantías para las personas mayores”, concluye Yoné Caraballo.