Unidos por Lanzarote y La Graciosa denuncia la “preocupante situación” de la aplicación de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en los siete municipios de Lanzarote y exige a todos sus ayuntamientos que demuestren, con documentos, presupuestos y resultados, que están cumpliendo las obligaciones que les impone la legislación estatal.

La formación considera que ha llegado el momento de poner fin a una contradicción institucional que resulta difícilmente justificable ante la ciudadanía: administraciones que exigen a los vecinos el cumplimiento de las normas bajo amenaza de sanciones económicas, mientras no acreditan que ellas mismas estén cumpliendo íntegramente sus propias obligaciones.

Las recientes declaraciones de algún concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento han puesto sobre la mesa un problema que Unidos por Lanzarote considera de alcance insular.

El concejal reconoció que aplicar todas las exigencias de la Ley de Bienestar Animal en un solo ejercicio presupuestario resultaría económicamente inviable para su Ayuntamiento.

“Desde nuestra formación no aceptamos que la falta de recursos económicos se utilice como justificación permanente para aplazar las responsabilidades de las instituciones, mientras los ciudadanos continúan sujetos a exigencias y posibles sanciones”, señala el portavoz de UPL, Laureano Álvarez.

La Ley establece responsabilidades concretas para las administraciones locales, particularmente en materia de gestión de colonias felinas. “No estamos hablando de actuaciones voluntarias ni de iniciativas que puedan depender exclusivamente de la voluntad política de cada concejal”, señala Álvarez.

La normativa recoge obligaciones legales que incluyen, dentro del ámbito competencial correspondiente: La elaboración e implantación de programas de gestión de colonias felinas, el censo y control poblacional de gatos comunitarios, la identificación mediante microchip y la esterilización de estos animales, la atención sanitaria y los programas veterinarios correspondientes, la elaboración de protocolos de actuación en propiedades privadas, la prevención y resolución de conflictos vecinales, las campañas de formación, información y concienciación ciudadana, así como la evaluación y comunicación de resultados y el seguimiento de las actuaciones realizadas.

Unidos por Lanzarote exige a los siete ayuntamientos que acrediten públicamente el grado de cumplimiento de cada una de estas obligaciones.