La de Joana Macías fue la declaración más intensa y más larga de la mañana en el juicio del caso Stratvs. La jurista de la oficina del Plan Insular de Ordenación del Cabildo declaró durante dos horas y cuarto. Macías fue preguntada por su papel como perito en el procedimiento a petición del Juzgado. Dijo que le tocó a ella hacer el informe, por orden del Director insular del Territorio porque los otros dos juristas debían abstenerse, uno por estar recusado y la otra, Delia Fernández, porque era la sobrina del abogado de Rosa, Felipe Fernández Camero.

Relató el proceso y aseguró haber recibido presiones en el Cabildo, como una llamada del presidente y después una reunión con el Director insular que le dijo que "las periciales hay que conciliarlas", a lo que ella se negó "porque los problemas los tendría yo". "Firmé y llamé al auxiliar administrativo para que enviara el informe al Juzgado y me dijo que no, que no quería problemas", relató, porque el Director insular había enviado una circular ("la primera y la única") que ordenaba pasarle el informe antes de pasárselo al Juzgado. Finalmente, es ese el dictamen al que el presidente del Cabildo añade que no es la opinión jurídica de la Corporación.

El presidente pidió más contra informes, también a la asesoría jurídica. "El tema es sangrante", señaló Macías, porque, según ella, ni siquiera les había dado tiempo a leerse el informe. Dijo que la asesoría jurídica no sólo son sus superiores jerárquicos "sino que es que la jurista me reconoció que no sabe de derecho urbanístico". Aseguró que tuvo represalias por ese informe porque desde ese día ya no ha hecho más informes y tiene que convivir con "una guardia pretoriana". "Se me ha excluido de las calificaciones territoriales", añadió.

También dijo que hubo represalias contra Leopoldo Díaz, que fue destituido como Jefe de la Oficina, aunque ha ganado en los tribunales en primera instancia porque el cese no estaba motivado, dijo que fue un tema que se vivió "con dolor" y sostuvo que el presidente le ha dejado a Díaz con un sueldo base, quitándole una parte de sus retribuciones con reparos de Intervención.

"En el tema del Plan de La Geria tiene que haber un pensamiento único", dijo Macías. "A raíz de esta pericial me han puesto... si cogen a una persona más débil le entra una depresión como mínimo".

Las conclusiones de Macías en ese informe coinciden con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulando el Plan Especial de La Geria. Para la jurista, en caso de contradicción entre el PIO y el Plan de La Geria se debe aplicar la norma de mayor rango. Aseguró que en el segundo Plan de La Geria se inventaron un tipo de suelo, agrario paisajístico "Es un subterfugio, hablando claro", afirmó Macías.

Cualquier licencia en ese suelo requiere de informe de compatibilidad

Sobre la concesión de la licencia de actividad a la bodega, Macías señaló, en primer lugar, que en actividades clasificadas, "el urbanismo es un tema troncal, es vital el informe urbanístico". Según ella, cuando se presenta la solicitud de licencia de actividad, la Ley prevé que si no cumple el planeamiento hay que denegar la actividad, porque el emplazamiento es fundamental".

Insistió en que el Gobierno de Canarias dio la autorización contra el planeamiento porque el PIO no permite el uso de bodega industrial en ese suelo. El Gobierno la autorizó el 24 de marzo de 1999 y la nueva ley, por la que ya no podía haberla otorgado porque perdía esas competencias, entró en vigor el 13 de mayo de ese año.

Para Macías, en este caso no puede existir el silencio positivo porque está en un espacio natural protegido "y hay que ver el contexto", porque por silencio "se podía haber autorizado entonces una central nuclear o un depósito de residuos radiactivos". "Cualquier licencia en ese suelo, tanto de actividad como urbanística, requiere de informe de compatibilidad con el PIO, y es preceptivo", dijo, y señaló que como cuando se pidió el permiso para la actividad, la bodega ya estaba construida, había que comprobar qué título habilitaba esa construcción, porque la autorización era para una bodega de sólo 900 metros, no para todo el complejo, y tenían que haber pedido de nuevo otra calificación territorial.