Un informe jurídico encargado por el grupo de gobierno del Cabildo advierte que quienes aprobar y ejecutar en el ente público Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) el acuerdo de la oposición negociado con el comité de huelga podría derivar en la comisión de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación.

El análisis sobre posibles responsabilidades penales, elaborado por una abogada externa al Cabildo, Noelia Afonso, destaca que “existen tres informes desfavorables” al acuerdo económico impulsado por los grupos políticos de la oposición para zanjar con el comité de empresa de los Centros la huelga, ahora suspendida, que se llevó a cabo en la segunda mitad del mes de agosto.

En ese sentido, destaca que los informes de la asesoría jurídica del Cabildo y del departamento de Recursos Humanos consideran que la propuesta, aprobada en el pleno del Cabildo el pasado 9 de octubre, constituye “un incremento de la retribución anual individual de los trabajadores superior al límite legalmente permitido por la Ley General Presupuestaria, y por tanto contrario a lo establecido en el ordenamiento jurídico”.

En el pleno del Cabildo, la oposición también ordenó al presidente del Consejo de administración y al consejero delegado de los Centros para que formalizaran “en el plazo improrrogable de 48 horas” el acuerdo con el comité de huelga, con la advertencia de destituirlos de sus cargos si no cumplían.

Se ha convocado una sesión del Consejo de administración del ente público para el próximo martes y este jueves el Cabildo ha hecho público el informe sobre las supuestas responsabilidades penales por el cumplimiento de la propuesta aprobada por la oposición.

En el citado informe se subraya que si se aprobase en el Consejo de administración de los Centros el acuerdo del pleno del Cabildo, “pese conocerse la existencia de informes jurídicos desfavorables advirtiendo de su nulidad y del manifiesto desvío de las previsiones legales”, “podrían incurrir en delito de prevaricación” tanto por votar como por influir “en la adopción del acuerdo”.

Además, añade el informe, “concurriría el tipo delictivo de malversación de caudales públicos si, además, quienes han votado en el Consejo favorablemente al acuerdo manifiestamente arbitrario, ostentan poder de disposición del patrimonio de la entidad”.

“De tal manera”, apunta el informe, “que el caudal público pueda salir” de los Centros de Arte, Cultura y Turismo “por la decisión” del funcionario “que tiene la capacidad de ordenar gastos e inversiones”.

No obstante, precisa el informe, “podrían incurrir en el delito de malversación de caudales públicos a título de inductores cooperadores necesarios, aquellos que sin tener capacidad de disposición de ordenar gastos e inversiones”, determinen con su actuación en el autor, “por su ascendencia o connivencia”, la idea de que “debe” llevar a cabo los pagos.

En el informe también se destaca el criterio de la asesoría jurídica del Cabildo de que pagar el plus de transporte, de lavado de ropa y de disponibilidad en 12 meses a los trabajadores de los Centros que estaban en la empresa cuando entró en vigor el convenio colectivo en 2014, sin detraerle el importe de un mes del complemento personal, supondría un incremento de la masa salarial “superior al límite legal”.

Informe sobre los CACT