Uno de los principales casos contra la Hacienda Pública de los últimos años en Lanzarote está próximo a resolverse. El juicio por el presunto fraude en la venta del hotel La Geria, en Puerto del Carmen, está fijado para el 15 de junio y en la vista se espera que se valide un acuerdo entre los acusados, la Fiscalía y la Abogacía del Estado que supondrá el ingreso a las arcas públicas de tres millones de euros: el reintegro de 1,5 millones, que es el importe económico supuestamente defraudado, con sus correspondientes intereses, y otros 1,5 millones en concepto de multa.

El acuerdo entre los acusados, los empresarios Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y José Cecilio Salces y la Fiscalía, ya se ha alcanzado desde hace semanas y solo falta el visto bueno de la Abogacía del Estado. El juicio estaba previsto para el pasado 24 de mayo pero se retrasó hasta el 15 de junio. El caso se remonta al año 2010. En septiembre de ese año, los acusados vendieron el Hotel La Geria pero “omitieron deliberadamente realizar la correspondiente declaración relativa al Impuesto de sociedades”.

El precio de venta del establecimiento hotelero fue de 13,8 millones de euros y el beneficio, según la Fiscalía, ascendió a más de 6,7 millones de euros. “A sabiendas de su improcedencia”, indicaba el fiscal especializado en delitos económicos Tomás Fernández en su escrito de acusación, los acusados dotaron 5,1 millones de los beneficios en la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).

La Fiscalía destacó que esa operación “ni se había acordado en plazo en junta general” de la empresa, “ni en sí misma era válida pues el citado beneficio no procedía, en el sentido exigido por la ley, de actividad económica alguna”.

Según la Fiscalía, la cuota tributaria “no declarada ni ingresada” por el ejercicio 2010 era de 1,5 millones de euros. En el acuerdo, Lasso y Salces exoneran de responsabilidad a Rosa, socio de la empresa que vendió el hotel, denominada Management Los Clicos y considerado en la investigación “administrador de hecho”. Así, en el acuerdo ambos asumen una condena de seis meses de prisión y evitan enfrentarse a un juicio en el que les pedían cinco años de cárcel.

Además de ingresar en la Agencia Tributaria los 1,5 millones de euros defraudados, la multa por igual importe es asumida en un 50 por ciento por la empresa, y en un 25 por ciento cada uno de los administradores de la sociedad. La multa que se solicitó inicialmente en el escrito de acusación de Fiscalía ascendía a siete millones.