La asociación Transparencia Urbanística (TU), que ejerce la acusación popular en el caso Stratvs, ha presentado un incidente de nulidad contra el auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas notificado el pasado 4 de julio que acordó el levantamiento de la medida cautelar de clausura de la bodega.

La justificación del incidente de nulidad contra el desprecinto de la bodega Stratvs se basa en que la propia acusación popular había recusado a los magistrados Salvador Alba, Emilio Moya y Carlos Vielba, por entender que habían perdido la imparcialidad al haber entrado en el fondo del caso al resolver sobre la medida cautelar.

Como se recordará, el pasado 22 de diciembre en un auto firmado por Salvador Alba, se acordó el levantamiento del precinto de Stratvs, dictado por el Juzgado número 5 de Arrecife en diciembre de 2013 y ratificado con posterioridad por la Audiencia Provincial. No obstante, esa resolución no se llegó a ejecutar porque el presidente de la Audiencia, Emilio Moya, dictó una providencia que paralizó el auto de Alba.

El 9 de enero, Transparencia Urbanística formuló un recurso contra el auto de levantamiento de la medida cautelar de cierre de las instalaciones de Stratvs y, diez días después, presentó una recusación contra los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. Al día siguiente se abrió una pieza separada sobre la recusación de los magistrados, y el 23 de mayo se acordó remitir la pieza separada a una Sala Especial, a la que corresponde decidir y que todavía no se ha resuelto.

Transparencia Urbanística destaca que, a pesar de ello, la misma Sección Sexta de la Audiencia acordó en un auto notificado el 4 de julio levantar el precinto sobre la bodega Stratvs, cuando no podría hacerlo hasta que se resolviese la recusación de los magistrados.

La asociación señala que el magistrado Emilio Moya, en un escrito de 17 de marzo, reconoce que el recurso presentado en enero por Transparencia contra el desprecinto de la bodega “dependerá, obviamente, de la estimación o no de la causa de recusación”, con lo que según Transparencia, “se admite palmariamente la imposibilidad legal de pronunciarse” sobre el recurso contra el levantamiento de la medida cautelar hasta que “no se resuelva el incidente de recusación”.

Transparencia Urbanística recalca que “no existe la más mínima duda de que” salvo que se inadmita o rechace la recusación de los magistrados, lo que no se ha producido, estos quedan apartados de forma “temporal y provisional” del procedimiento, en concreto del caso Stratvs, “lo que excluye de plano la posibilidad de que puedan intervenir” en la causa “o dictar cualquier resolución”, como la del desprecinto de la bodega de principios de julio.

“Nulidad” del desprecinto

La asociación subraya que la intervención de un magistrado “que debió haberse abstenido”, al estar recusado, “lo que, obviamente ocurre con los magistrados recusados”, determina “la nulidad de las actuaciones por violación del derecho a un juez imparcial garantizado” en la Constitución española.

Del mismo modo, Transparencia había “dado por supuesto” que, ante la “extrema claridad de los preceptos legales de aplicación, que los magistrados recusados, al estar temporalmente apartados del conocimiento de la causa, no entrarían a conocer” el recurso contra el desprecinto de la bodega Stratvs hasta que no se resolviera la recusación.

Además, el colectivo que ejerce la acusación popular considera que la “nulidad” del último auto que levanta el precinto sobre Stratvs es “patente y palmaria” y solicita que se acuerde su “suspensión” para evitar que el incidente de nulidad “pueda perder su finalidad” y se reabran las instalaciones.