El pasado 3 de agosto el Ayuntamiento de Tías decretaba la suspensión de la actividad de la Asociación para el respiro familiar y ayuda a la tercera edad Virgen de Los Dolores, que gestiona la antigua residencia conocida como Sol de otoño, que ya fue cerrada por orden judicial en enero de 2012 y que protagonizó un reportaje de Cuatro en el que se ponían de manifiesto las condiciones en las que vivían los ancianos.

Tras ese reportaje se abrió una denuncia por maltrato que finalmente fue archivada, y nueve meses después, en septiembre de 2012, el Centro volvió a abrir con sólo tres internos y con un nuevo nombre, Brisas del atardecer. En la actualidad hay 24 personas internadas y dos más que utilizan la residencia como Centro de día. La residencia sigue sin tener las autorizaciones oportunas, ya que, entre otras cosas, se encuentra en un tipo de suelo que no permite esa actividad.

El Centro se convirtió en asociación, pero los responsables de su gestión son los mismos. Al frente sigue Adolfo Acuña. El pasado día 30 de agosto el Ayuntamiento reiteraba la orden de cierre, y advertía de que de no cumplirse, se procedería al precinto y se informaría a la Fiscalía por si hubiera alguna responsabilidad penal.

El cierre ordenado por la alcaldía de Tías viene precedido de una inspección de la Fiscalía en la que se concluye que se debe proceder al cierre inmediato del Centro debido a la “gravedad de la situación y el riesgo cierto de los usuarios para su salud física y mental”.

En ese informe elaborado a finales de abril tras una visita realizada por tres fiscales de la sección civil-discapacidad, también se pide a las administraciones que tomen medidas para evitar “que quienes son responsables en la actualidad de la asociación puedan reiniciar su actividad en cualquier otro lugar de la Isla”.

En ese informe se habla de deficiencias que ya fueron puestas de manifiesto en inspecciones anteriores y se insta al Ayuntamiento a tomar las medidas administrativas. Se señala la “imperiosa necesidad de cierre” por presentar “carencias básicas, imprescindibles e inaplazables para la atención a personas que requieren de una real asistencia sociosanitaria que no es dispensada por los responsables del centro”.

Además, se recalca que la residencia es una continuación de las anteriores, no sólo porque ocupa el mismo inmueble “sino porque quien lo gestiona es la misma persona que gestionó los anteriores centros y la línea de actuación es la misma”.

Añade otro elemento de gravedad, ya que dice que el Centro funciona no sólo con el beneplácito de las administraciones insular y municipal, sino con su impulso. De hecho, el responsable del Centro reconoce que el Cabildo subvenciona con 15.000 euros al año el alquiler del inmueble y que le derivan ancianos desde los centros públicos de atención sociosanitaria de la Isla porque han sido una “referencia” en los “casos más dramáticos”.

Según lo manifestado por Acuña durante la inspección, la asociación se constituyó porque “esa fue la vía que le indicaron los responsables del área de servicios sociales del Cabildo de Lanzarote y del Ayuntamiento de Tías para poder recibir subvenciones”, según relata el informe de Fiscalía. La asociación funcionaría como una cooperativa de autogestión de familiares de personas con discapacidad o deterioro y la cuota mensual de cada socio es de 1.300 euros al mes.

Según señaló Acuña a los fiscales, hay una magnífica relación con los familiares, “más ahora que todos conforman una asociación” aunque destaca el informe que no se hacen reuniones ni hay un órgano creado para la toma de decisiones.

También destaca que ninguna de las personas ingresadas cuenta con autorización judicial de internamiento a pesar de que muchos de los residentes presentan una patología de deterioro cognitivo “que hace presumir su falta de capacidad para conocer su estancia en el Centro y permitir la misma”.

Todos los contratos están firmados por familiares, por lo que ninguno de los ancianos ha prestado su consentimiento para estar allí “sino que lo decidió algún familiar o persona por ellos”. En el caso de personas que presenten un deterioro cognitivo hace falta una autorización judicial para su internamiento.

El estado de la residencia

En el Centro hay 25 plazas y están ocupadas todas menos una. También hay dos personas que lo usan como Centro de día pero no hay camas ni sillones para ellas, por lo que cuando lo precisan comparten las habitaciones de los residentes “sin la mínima garantía de higiene que se entendería precisa por el uso de una misma cama por varias personas”.

El Ministerio Fiscal destaca la “gravedad de la situación y el riesgo cierto de los usuarios para su salud física y mental” mientras que el Cabildo subvenciona al Centro con 15.000 euros

La residencia tiene a 14 personas en plantilla (aunque en sus alegaciones el Centro después dice que son 12): una limpiadora, una cocinera, una persona de mantenimiento y once auxiliares, pero no tiene médico ni psicólogo ni terapeuta ocupacional ni trabajador social. Los internos acuden al Centro de salud de Tías. En cuanto al uso de contenciones, según el informe, el director “continúa ignorando las normas básicas al igual que ocurriera durante la visita anterior”.

La Fiscalía señala que se desconocen los informes médicos de los residentes y cuándo se les ha hecho la última revisión médica. Dicen los fiscales que llama la atención la falta de conocimiento por parte del Centro de aspectos esenciales como el diagnóstico médico de cada paciente o la medicación prescrita.

Respecto al inmueble, se destaca el estado caótico de la lavandería y el “insuficiente nivel de limpieza y orden” de la cocina, así como que no coincide el menú con el que se pone en la ficha de los internos ni se hacen menús específicos para usuarios que tengan alguna peculiaridad alimentaria. Tampoco hay programas de estimulación cognitiva y la única ocupación de los internos “es esperar los turnos de comida sentados en sillones no adecuados por el excesivo uso, viendo la televisión”.

Sobre Adolfo Acuña, el responsable de la gestión, que asegura que no tiene salario y realiza la actividad “como un acto de voluntarismo”, dice la Fiscalía que desconoce algunas cuestiones básicas, lleva una gestión irregular con los contratos que hacen los familiares y es consciente de que no presta la asistencia sociosanitaria que debiera.

Alegaciones del Centro

En julio del año pasado la Consejería de Política Social y Vivienda del Gobierno de Canarias hizo una inspección al Centro en la que se relataron las deficiencias advertidas en cuanto a sujeciones sin control médico, inexistencia de menús programados, deficiencias de las instalaciones eléctricas y habitaciones y falta de personal de animación.

La Fiscalía, en sus consideraciones finales, dice que “lo más preocupante es que se ha hecho real el mal pronóstico que ya se vaticinaba cuando se realizó en el año 2012 la inspección del Centro anterior dirigido igualmente por Juan Adolfo Acuña Rojas”.

El Ayuntamiento de Tías abrió un expediente sancionador y advirtió con el traslado forzoso de los residentes. También ha elaborado diversos informes técnicos y jurídicos, ha tenido varias reuniones con el Cabildo y ha comunicado la situación a los familiares por carta.

La residencia hizo unas alegaciones señalando que la situación de la parcela está a expensas de que los propietarios realicen las gestiones pertinentes para su regulación catastral y que una vez hecho eso se solicitarán los permisos y licencias pertinentes. También aseguraban que han redactado un proyecto con las reparaciones a llevar a cabo para cumplir la normativa.

Señalan, igualmente que acatan el decreto, pero emplazan a la Administración a que les diga el procedimiento a seguir. “Si cesamos la actividad y no hay plazas para realojar a los abuelos –dicen-, necesitamos saber qué plazo se concede, quién dará cobertura de alimentación y cuidados durante el periodo que transcurra desde la suspensión de la actividad hasta la completa reubicación de los afectados” y destacan su inquietud por el “desamparo” al que verían abocados los usuarios.

“Somos una asociación sin ánimo de lucro”

Por su parte, Francisco Javier Moreno, uno de los responsables de las asociación, señala que tiene pendiente una reunión con los familiares para explicarles la situación  y que prefiere no hablar hasta que se informe a las familias.

Señala que se trata de una asociación sin ánimo de lucro en la que él es un voluntario y que les preocupa la situación en la que quedan los abuelos porque algunos no tienen familia, pero que tienen que acatar el decreto de cierre del Ayuntamiento.