El portavoz de Somos Lanzarote en el Ayuntamiento de Arrecife, Borja Rubio, ha acusado al grupo de gobierno de haber llevado a cabo una defensa jurídica del Consistorio en el caso Montecarlo “contraria a los intereses del pueblo de Arrecife”.

La formación responde así al "inmovilismo" del Ayuntamiento para ejercer la acusación y a la renuncia del abogado municipal cuando se había cumplido el plazo para ejercer la acusación. El caso Montecarlo, dividido en tres piezas y todas con relación con el Ayuntamiento de Arrecife, tiene alrededor de veinte acusados, entre ellos el exalcalde socialista José Montelongo.

"La defensa judicial del Ayuntamiento de Arrecife en el caso Montecarlo ha sido un desastre interesado, con la aparente intención de dilatar la causa, torpedear el proceso, y beneficiar a los procesados”, afirma Rubio.

Tras la acusación de la Fiscalía en mayo de 2016 el Ayuntamiento de Arrecife no ha realizado una sola acción judicial. “Ahora, con el plazo para ejercer la acusación cumplido, llega la renuncia del abogado y para nosotros, evidencia el objetivo de anular la defensa con garantías de los intereses municipales”, agrega el portavoz de Somos.

“Pediremos la comparecencia urgente de la alcaldesa de Arrecife, y exigiremos responsabilidades políticas, la defensa judicial del Ayuntamiento es un escándalo”, afirma Borja Rubio.

Rubio recuerda que la Fiscalía comparó la actitud del Ayuntamiento en el proceso judicial con la del Partido Popular en el Caso Gürtel. Somos Lanzarote pidió en mayo de 2016 el cambio del letrado que defendía los intereses del Ayuntamiento por encontrar "dudas razonables" sobre el desempeño de su labor.

A juicio de la organización, el tiempo les da la “razón”, y afirman que, ahora, con el plazo de la acusación cumplido, y con escaso tiempo para conocer a fondo la causa para el nuevo letrado municipal, “se ponen en riesgo como mínimo los 1,2 millones de euros en concepto de indemnización que debería reclamar el Consistorio”.

"Como hizo la Fiscalía, advertimos públicamente, y también en el pleno municipal, que era necesario reemplazar la defensa jurídica municipal, o se podría perjudicar de forma flagrante la causa para el Ayuntamiento”, recalca Rubio.

“El tiempo nos da la razón, el abogado se retira sin tiempo material” para que el sustituto pueda “estudiar pormenorizadamente la causa”, y “se pone en riesgo la acusación del Ayuntamiento en el caso Montecarlo”.

“Desde nuestro punto de vista se está torpedeando que el pueblo de Arrecife pueda recuperar el dinero robado en concepto indemnización, que alcanza un valor de 1,2 millones de euros", concluye Borja Rubio.