El Juzgado de Instrucción 4 de Arrecife ha vuelto a citar en calidad de investigados por el caso Inalsa a Mario Pérez, Rafael Elorrieta y Plácida Guerra. Los tres tendrán que declarar el próximo 3 de octubre. No es la primera vez que han sido llamados a declarar en este mismo procedimiento, que nació en el año 2015, pero su declaración se ha pospuesto en varias ocasiones aunque varios de los investigados sí declararon. Mario Pérez y Plácida Guerra fue consejeros delegados de Inalsa, mientras que Elorrieta fue el gerente.

Después, el caso se archivó de forma provisional y la Audiencia Provincial obligó a reabrirlo tras el informe del Tribunal de Cuentas que apreció presuntas irregularidades en cuatro inversiones del Consejo Insular de Aguas y en una de Inalsa. Hay otra pieza abierta en el Juzgado número 1 sobre diversas obras.

El caso se inició por una denuncia de Alternativa Ciudadana. La principal obra que se investiga es una que hizo el Consejo insular de aguas de la remodelación de la planta desaladora Lanzarote II. También se ha solicitado información sobre el convenio de pago entre Inalsa y sus acreedores tras la adjudicación del servicio a Canal Gestión.

Además, se investiga si existieron irregularidades contables entre 2007 y 2009, tanto en la facturación como en el cobro de clientes, las inversiones en reparaciones, las modificaciones de tarifas, así como los traspasos monetarios entre la empresa y el Consorcio insular de aguas desde el año 2006, incluyendo el traspaso de la deuda para hacer posible la privatización del servicio de abastecimiento de agua que prestaba Inalsa y su adjudicación a Canal Gestión.

Según el Plan Hidrológico de Lanzarote de 2001, la obra 'Remodelación de la desaladora Lanzarote II, segunda fase', era una actuación de interés regional que iba a costar 1,4 millones de euros, mientras que la obra que se investiga costó tan solo 97.245 euros y el contrato se suscribió por parte de Inalsa "sin que se tramitase contrato alguno que diera cobertura a esa prestación, constando únicamente seis facturas emitidas por dos empresas", según el Juzgado.

La obra que se reflejaba en el planeamiento de 2001 la iba a financiar el Gobierno de Canarias y su objetivo era el de instalar los equipos necesarios tanto de captación de agua de mar, bombeo hasta los depósitos de almacenamiento, depósito o línea eléctrica para producir 10.000 metros cúbicos al día en el mismo edificio de la desaladora, que estaba fuera de servicio.

En la ficha sobre esa obra incluida dentro del Plan Hidrólogico se señalaba que "se hace necesario estudiar el aprovechamiento del edificio y resto de instalaciones existentes teniendo en cuenta que la planta abandonada disponía de membranas de fibra hueca y la nueva dispondrá de membranas de arrollamiento espiral, con tubos de presión para el alojamiento de las membranas de mayor longitud". Posteriormente, en 2012, se colocó la planta Lanzarote V en las instalaciones donde se ubicaba la planta Lanzarote II.