El pasado martes se celebró la primera reunión entre los representantes del comité de huelga de Canal Gestión Lanzarote y la empresa para intentar llegar a un acuerdo que permita desconvocar la huelga, cuyo inicio está previsto para el próximo miércoles 13 de septiembre. La reunión terminó sin ningún acercamiento, ya que la empresa no ha realizado ninguna contrapuesta ante las demandas de los trabajadores y mantiene la intención de extinguir la relación laboral de 69 trabajadores.

“De momento no hay acuerdo porque al punto principal, que es el de los contratos de los trabajadores, está atascado porque no hay respuesta por parte de Madrid”, señala César Reyes, secretario insular de UGT y portavoz del comité de huelga, que apunta que la empresa tampoco ha puesto sobre la mesa cómo pretende organizar la empresa para seguir llevando a cabo el servicio. “Y en el resto de los puntos tampoco se ha alcanzado ningún tipo de acuerdo”, subraya Reyes.

La empresa pretende no renovar los contratos de 69 trabajadores que se incorporaron a la empresa después del año 2013 con contratos de obra y servicio. El comité de huelga considera que los contratos se hicieron en fraude de ley “tal y como nos ha dado ya la razón la Inspección de Trabajo que ha instado a la empresa que los regularice”, señala Reyes. El comité considera que la empresa tendría que transformar esos contratos en indefinidos, ya que no se trata de servicios puntuales sino continuos y no estaría justificada la contratación por obra y servicio.

La plantilla espera que la empresa convierta en indefinidos los contratos de 69 trabajadores, que la empresa quiere rescindir. Los paros serán en días y horas alternos y comenzarían el próximo miércoles

Los trabajadores anunciaron el inicio de la huelga para el pasado 31 de julio pero se suspendió hasta el próximo día 13 para dar pie a las negociaciones.  La empresa se comprometió a mantener los contratos mientras duraran las negociaciones. En caso de que no se llegara a un acuerdo, la huelga será parcial en días y horas alternos, por lo que, aunque se trata de un servicio esencial como es el abastecimiento de agua, no se decretan servicios mínimos.

Los trabajadores plantean, además de mantener los contratos, que se lleva a cabo una relación de puestos de trabajo o un organigrama funcional de la empresa “para saber qué puestos se necesitan y cuáles se están cubriendo y cuáles no”, destaca Reyes. Otro de los puntos de conflicto es la pretensión de que la empresa cumpla las determinaciones recogidas en las cartas de garantías firmadas por los trabajadores y la empresa en el año 2014 en cuanto a la jornada y el calendario laboral, que según el comité de huelga, no se están cumpliendo. Tampoco se está cumpliendo por parte de la empresa, según los trabajadores, el abono de las cantidades comprometidas por la jubilación, calificadas como precio a la constancia. “La empresa se ha negado a pagarlas”, dice Reyes.