El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha manifestado este lunes que el comité de huelga de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) “se empeña en que se le abone aquello que la dirección de la empresa entiende que sería una subida salarial ilegal”.

También criticó la postura de los representantes de los trabajadores sobre esas remuneraciones y que "que ya lo devolverán" si en unos meses la Justicia corrobora las tesis de la dirección del ente público, que este lunes cumple 13 días de huelga.

“Es realmente un despropósito de proporciones descomunales el daño que han causado a la iIla y a sí mismos sin ninguna razón de ser”, recalcó el presidente del Cabildo en una publicación en su cuenta de Facebook.

“Si yo fuera trabajador de los CACT y tuviese tan claro que existe una sentencia judicial incumplida por unos derechos que creen tener desde el año 2014, me limitaría a esperar un par de meses más a que el juzgado obligue a su cumplimento, cosa que creemos no ocurrirá por que la mediación del Tribunal Laboral Canario ya vino a determinar que la empresa ha aplicado bien el cálculo del complemento personal”, destacó San Ginés.

El presidente señaló que “todos habremos perdido mucho” con la huelga, “y seguiremos perdiendo si los trabajadores no se avienen a razones, porque jamás accederemos a lo que entendemos ilegal hasta que un juez despeje la controversia y aún queda meses para eso”.

San Ginés afirmó que “todos” habrán perdido con la huelga “salvo uno, el sindicalista político-opositor y mayor destructor de empleo de esta Isla, el mismo lleva y cobra los cientos de procesos judiciales individuales que están en curso a pesar de que fue el mismo quien negoció el convenio y por tanto es el mejor que sabe que la empresa aplica correctamente el complemento personal”.

Aunque no lo menciona de forma expresa, el presidente del Cabildo se refiere a Andrés Barreto, asesor del comité de empresa, que el pasado viernes dio una rueda de prensa en el Monumento al Campesino para explicar la posición de los trabajadores y estimar que el ente público les adeuda unos 700.000 euros.

“Lástima que el comité impida que la dirección pueda explicar su posición a una plantilla de trabajadores que, a efectos informativos, el comité de empresa mantiene secuestrada impidiéndonos acceder a ella mediante una asamblea informativa”, concluyó San Ginés.