El expresidente del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz adjunto de Coalición Canaria (CC) en la Corporación insular, Pedro San Ginés, ha manifestado con respecto a la apertura de juicio oral en su contra por supuesta denuncia falsa en el conocido como caso de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) que, “en realidad”, la denuncia la “presentó Ástrid Pérez”, que era consejera delegada del ente público.

El Juzgado de Instrucción número dos, dirigido por el juez Jerónimo Alonso, ha dictado el auto de apertura de juicio oral en el procedimiento, impulsado por familias del empresario Antonio González, ya fallecido, que estuvo imputado en el caso de los Centros Turísticos, archivado en el año 2019 por el Juzgado número tres.

La Fiscalía ha solicitado en su escrito de acusación una pena de año y medio de cárcel por un presunto delito de falso testimonio en la causa de los Centros Turísticos, así como una multa de 4.050 euros.

San Ginés ha tachado este martes de “inaudito” que sea él quien haya sido acusado de “falsa denuncia y falso testimonio” cuando “en realidad” la querella que dio origen al caso de los CACT la presentó la actual presidenta insular del PP, alcaldesa de Arrecife y entonces consejera delegada del ente público.

“Vaya por delante que compartí y comparto básicamente el contenido de aquella denuncia del que no reniego, pero la realidad formal y la verdad, frente a lo que dicen tanto la denuncia como los autos de su señoría”, alega San Ginés, es que fue Pérez la que interpuso las acciones penales.

“Yo no puse la querella que interpusieron los CACT contra Carlos Espino y una empresa vinculada a la denunciante, entre otros. Fue Ástrid Pérez por acuerdo del consejo de administración de los CACT, del que yo ni siquiera formaba parte”, resalta San Ginés, que ha hecho público el poder notarial de Pérez designando al procurador que formalizó la querella.

Certificado del secretario del Consejo de Administración de los CACT, facultando a Ástrid Pérez para la interposición de acciones judiciales.

“Fui requerido por el juez Pamparacuatro”

San Ginés ha negado haber presentado una denuncia ante la Guardia Civil o ante el Juzgado en relación con contrataciones en los Centros Turísticos. “Yo no fui voluntariamente a la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) a presentar ninguna denuncia. Me llevaron agentes de la UCO que me recogieron en mi domicilio cuando fui requerido por el juez Pamparacuatro como testigo en el marco de la operación Unión", asegura San Ginés.

“Así se desprende del acta de mi declaración, cuando de manera expresa me advierten de las consecuencias delictivas de la revelación de secretos, dado que mi declaración se encuadra dentro de las diligencias previas 697/08 declaradas secretas por el  Juzgado de Instrucción número cinco”, entonces dirigido por Pamparacuatro, apunta San Ginés.

En la misma línea, el expresidente del Cabildo resalta que no fue “nunca personalmente, tras declarar en la UCO, al Juzgado de Guardia a ‘presentar otra denuncia de fecha desconocida’”, como se recoge en el actual procedimiento en su contra. “Sencillamente porque jamás he estado en un Juzgado de Guardia”, asegura.

“Mi testimonio en la investigación de la denuncia [sobre los CACT] no debió ser importante para el juez instructor, porque son otros los graves testimonios que el juez desmonta en su auto de archivo, sin hacer la menor referencia al mío”, insiste San Ginés.

“Si el juez instructor que archivó la denuncia contra [Carlos] Espino, Mario Alberto [Perdomo] y Climafrical, entre otros, hubiese visto mala fe, habría sido él quien debió abrir diligencias contra mí por temeridad o mala fe en mi testimonio”, considera el expresidente de la Corporación insular.

“Testimonios de altos directivos”

Por otro lado, el portavoz de CC resalta que “la falta de contratos que dieran cobertura a los gastos realizados en las cocinas y los sobrecostes en las facturas de las tres empresas vinculadas” al empresario Antonio González, cuya hija se ha querellado contra San Ginés, “están reflejados en los testimonios de altos directivos de los CACT y acreditados por los informes periciales solicitados por un anterior juez instructor”.

“Son los testimonios del director económico y financiero y del consejero delegado de los CACT, los que retratan el aparentemente delictivo modus operandi del entonces secretario general del PSOE y consejero de los CACT, hoy jefe del Gabinete de la Presidencia, Carlos Espino, al contratar tanto las cocinas, como a la empresa del entonces asesor suyo y hoy jefe de Prensa de la presidenta, Mario Alberto Perdomo, o a una empresa de los ‘hermanos Acosta’, entre otras”, añade San Ginés.

“Odio larvado”

“Del contenido de sus testimonios y del mío solo cabrá concluir, de manera inequívoca, que se trata de una denuncia con fines exclusivamente políticos sin ninguna base ni sustento real”, agrega el expresidente del Cabildo, que vincula la denuncia de la hija del empresario fallecido a la actual presidenta de la Corporación insular, Dolores Corujo, y a los citados cargos de confianza, “ambos con un odio larvado durante diez años de imputación por una denuncia que en realidad presentó Ástrid Pérez”.