El expresidente del Cabildo de Lanzarote y ahora portavoz de CC en esa institución, Pedro San Ginés, ha solicitado de nuevo que se suspenda la vista oral del conocido como caso Montaña Roja, que debe iniciarse en el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife el próximo 16 de noviembre y por el que se enfrenta a una petición de 12 años de inhabilitación para cargo público prevaricación en la incautación de la desaladora de Club Lanzarote en Playa Blanca.

San Ginés ya ha solicitado en varias ocasiones que se proceda a su absolución y que no se celebre la vista oral, ante el propio Juzgado, que ya celebró una vista previa y desestimó sus alegaciones, ante la Audiencia Provincial e incluso presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El Juzgado le instó a que presentara esas alegaciones como cuestiones previas en el acto de la vista oral. Sin embargo, la defensa de San Gines presentó esas cuestiones previas el pasado 27 de septiembre, antes del juicio, alegando “las especiales condiciones derivadas de la pandemia de la Covid 19 con las conocidas restricciones de movilidad que pudieran verse incrementadas y en orden a facilitar desde la lealtad procesal la más ágil tramitación de las presentes actuaciones”.

En el escrito sostiene que “no resulta imprescindible” para iniciar el trámite de las cuestiones previas “la intervención presencial de las partes” y pide que se abra ese debate procesal con dicho escrito y que se anule el auto de apertura de juicio oral y se absuelva a San Ginés sin celebrar el juicio.

San Ginés deberá sentarse en el banquillo junto otros dos encausados, José Juan Hernández Duchemín, exsecretario del Consejo insular de aguas, y Francisco Perdomo, secretario del Cabildo, recientemente jubilado, quien ha presentado otro escrito en el que se adhiere a la petición de San Ginés y suscribe “todos y cada uno de los argumentos” expuestos para solicitar la nulidad.

En esas cuestiones previas, el ex presidente insiste en los mismos argumentos. Considera que no se debe celebrar el juicio porque el escrito de acusación se presentó fuera de plazo, algo ya rechazado, y porque se atribuye la condición de acusación personada a Carlos Meca y Pablo Ramírez como particulares, cuando la acusación popular inicial fue del grupo político Podemos del Cabildo de Lanzarote.

No obstante, a pesar de que fue el grupo político Podemos quien se personó inicialmente, durante la instrucción ya pasaron a ser acusadores estas personas a título particular que eran consejeros de Podemos en el Cabildo, lo que ni siquiera discutieron las partes durante la instrucción de la causa.

San Ginés alega que ya no pueden ser acusación porque han dejado de pertenecer al partido y porque “tal grupo político ya no existe” y por tanto es “improcedente la apertura de juicio oral a instancia de personas físicas no personadas que ya nada tienen que ver con la entidad personada”. No obstante, la acusación popular la pueden ejercer personas físicas a título particular.

Cuatro días de juicio en noviembre

El caso se inició por la denuncia de la empresa afectada, Club Lanzarote, que después llegó a un acuerdo con el Cabildo, con San Ginés en la presidencia, para poder seguir produciendo agua, y retiró la acusación.

La Fiscalía tampoco acusa en este procedimiento y la única acusación que se mantiene es la popular, ejercida por los exconsejeros de Podemos en el Cabido. La vista oral se ha suspendido cuatro veces, y el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife celebrará el juicio el 16 y 17 de noviembre, con jornadas también previstas para el 23 y 24 del mismo mes.

Pedro San Ginés está acusado de un delito de prevaricación por incautar la planta desaladora de la urbanización Montaña Roja, en Playa Blanca (Yaiza), en septiembre de 2014 por "la incautación ilegal” de una planta privada, “al margen de la ley y omitiendo todos los trámites obligados, para entregárselas después a Canal Gestión”.

Según la acusación popular, la incautación se llevó a cabo porque era "la única vía que daba respuesta al capricho del señor San Ginés y su deseo de beneficiar a Canal Gestión Lanzarote por encima del respeto a la legalidad vigente y de la propiedad privada".