El presidente del Cabildo de Lanzarote en funciones, Pedro San Ginés (CC), está agotando al máximo sus posibilidades para no ir a juicio por el caso de la incautación de la desaladora de Club Lanzarote en Montaña Roja (Yaiza).

San Ginés ha agotado todas las vías en la justicia ordinaria y ahora ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas que no admite su propio recurso por la apertura de juicio oral decretada por el Juzgado de instrucción número 2 de Arrecife.

San Ginés deberá sentarse en el banquillo junto otros dos encausados, José Juan Hernández Duchemín, ex secretario del Consejo insular de aguas, y Francisco Perdomo, secretario del Cabildo, recientemente jubilado.

La acusación popular, ejercida por Podemos, pide para los tres una pena de doce años de inhabilitación para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación administrativa por "la incautación ilegal de unas plantas privadas, al margen de la ley y omitiendo todos los trámites obligados, para entregárselas después a Canal Gestión".

En este caso, la acusación particular, que fue quien puso la denuncia inicial, ejercida por la empresa Club Lanzarote, se retiró del pleito después de llegar a un acuerdo con el propio San Ginés para vender el agua a través del Consorcio insular, mientras que la Fiscalía solicita la absolución de los tres acusados.

La representación de Pedro San Ginés ya ha presentado su escrito de defensa. En el mismo considera que se está dando curso "a una acusación no necesaria formulada de forma clamorosamente extemporánea".

Además, señala que se ha presentado amparo por "todas las impugnaciones formuladas contra las resoluciones del Juzgado y de la Audiencia Provincial que permitieron dar curso y tener por formulada” la acusación de Podemos y pide que se suspenda la tramitación de la causa hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la admisión a trámite del recurso de amparo.

Para presentar este recurso de amparo al Tribunal Constitucional, San Ginés ha contratado al abogado José María Calero Martínez, experto en Derecho penal, ex fiscal en Sevilla y abogado desde el año 2007. Ha defendido al ex presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, o a Antonio Villaverde, dentro del caso Gürtel, entre otros.

En su escrito de defensa, San Ginés considera que una causa de nulidad radical del procedimiento es que se admitió a Podemos como acusación popular pero el escrito de acusación lo firman personas físicas que no fueron admitidas en la causa.

Su defensa parte de la base de que no existe delito y por tanto pide la absolución y la imposición de costas a la acusación popular. Dice en ese escrito que se advirtió a la empresa Club Lanzarote de que no podía vender agua hasta en ocho ocasiones, la primera en el año 2005, cuando San Ginés no era presidente, la segunda en 2005 y la tercera a partir de marzo de 2010 hasta junio de 2013. También menciona que había "cierta alarma social" con este asunto.

Considera, por otra parte, que los hechos por los que se le va a juzgar, es decir la incautación, no tienen relevancia penal, "desprendiéndose de ellos únicamente las consecuencias que se determinen en los correspondientes procedimientos seguidos ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso administrativo" y que esa jurisdicción ya puso fin al conflicto.

Señala, en todo caso, que la resolución por la que ordenó incautar la planta desaladora no es "evidente, patente, flagrante y clamorosamente ilegal" y se apoya para ello en un dictamen de los catedráticos Blanca Lozano Cutanda y Manuel Rebollo Puig. El segundo está llamado a declarar como perito y la primera es la misma perito que contrató Juan Francisco Rosa para el caso Stratvs.

Destaca el presidente en funciones del Cabildo que esa resolución de incautación no se firmó a sabiendas de su injusticia sino que siempre actuó pensando que lo hacía conforme a Derecho "asesorado por el secretario del Consejo (de aguas) y por el abogado Ignacio Calatayud Prats, y con el único fin de que se cumpliera la Ley y evitar un desabastecimiento a los vecinos".

El presidente pide que declare en el acto de juicio oral un vigilante de cauces del Consejo Insular de Aguas, Ignacio Calatayud Prats, Jerónimo Saavedra Acebedo, en calidad de ex Diputado del Común, Pedro Martín Toledo, que fue administrador concursal de Inalsa, Erik Martin Oliva y Domingo Pérez Callero, gerentes del Consejo Insular de Aguas y del Consorcio del Agua, así como Ceferino Marrero Fariña, secretario de Presidencia del Gobierno de Canarias y del Consejo del Gobierno de Canarias.