El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, destacó en relación con el Censo de Vertidos desde tierra a mar 2017 elaborado por el Gobierno de Canarias y hecho público esta semana que “no está actualizado”.

En el mencionado censo se recogen 26 infraestructuras de titularidad del Consorcio del Agua, de las cuales contarían con autorización tres, indicando que dos están en trámite y hay 21 sin autorización. San Ginés señaló que esos datos el Consorcio del Agua “puede demostrar con documentación que son inexactos”.

El Consorcio del Agua indica que, de esas 21 infraestructuras, 15 están en trámite y las seis restantes no lo necesitarían por carecer de alivio y no serles de aplicación esta regularización. Además, San Ginés insistió en que “todos los vertidos cumplen la normativa medioambiental, de sanidad o aspectos técnicos requeridos por el Gobierno de Canarias”.

“En este momento solo falta que admitan una declaración jurada de titularidad de las infraestructuras hidráulicas y se cerrará el único requisito pendiente que solicitó el Ejecutivo para cerrar el informe”, afirmó San Ginés, quien añadió que “esta petición la realizó en diciembre de 2017 y en ese mismo mes se presentó la declaración”.

Por otra parte, indicó que el Consorcio del Agua siguiendo las indicaciones del Gobierno de Canarias en junio de 2017 procedió a presentar toda la documentación requerida para “regularizar, siguiendo sus criterios, los puntos de vertido correspondientes a los aliviaderos de las EBARs y emisario submarino de vertido de salmuera de tierra a mar”.

Con relación a las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales, en esa misma fecha, 5 de junio pasado, se remitió escrito a Canal Gestión Lanzarote, en el que se le requería la documentación a aportar. El 21 de junio se envió toda la documentación requerida por el Gobierno de Canarias de las 16 EBARs y un aliviadero.

La única objeción que puso el Servicio de Contaminación de Aguas y Suelos es que faltaba la titularidad de las infraestructuras a legalizar. “En relación con dicho aspecto hay que indicar que las anteriores no se encuentran recogidas en el inventario de infraestructuras del Consorcio, ni de Inalsa, por no considerarse bienes inmuebles al uso y ser infraestructuras de escasa entidad, no pudiéndose entonces acreditar fehacientemente, por tanto, la titularidad requerida”, explicó.

“Dicho extremo se puso en conocimiento del Servicio de Contaminación de Aguas y Suelos, los cuales indicaron que se trataba de una situación que se extendía y afectaba a las distintas administraciones de todas las Islas que cuentan con infraestructuras similares y estaban procediendo a determinar cómo actuar para solventarlo”, añadió.

En diciembre de 2017 los Servicios Jurídicos del Servicio de Contaminación de Aguas y Suelos indicaron que ese requisito podía solventarse con la remisión de una declaración jurada del Consorcio del Agua de Lanzarote en relación con las anteriores. “Trámite que se presentó y está pendiente de que respondan con un informe positivo”, resaltó.

Emisario submarino

Respecto al emisario submarino de vertido de salmuera de tierra a mar, el Consorcio está procediendo a la renovación de la autorización de vertido y de ocupación del dominio público marítimo para el emisario de Puerto Naos. “Los trámites han sido idénticos con la misma objeción y la misma respuesta”, explicó.

En este caso el Consorcio también desde diciembre presentó una declaración jurada de la Gerencia del Consorcio del Agua de Lanzarote en relación con las anteriores y también se está a la espera de la aceptación de la declaración para poder finalizar la tramitación de los expedientes. “Todos estos pasos, trámites o solicitudes de información están contrastados con profusa documentación, siempre registrada oficialmente entre las distintas administraciones”, explicó.

Censo del Gobierno

En el Censo del Gobierno de Canarias aparecen 28 vertidos de organismos públicos y ocho de entidades privadas. Dentro de las públicas: 26 son del Consorcio del Agua de Lanzarote, otra del aeropuerto y otra de la viceconsejería de Pesca.

Dentro de las ocho de entidades privadas, cuatro no están autorizadas, pero “tampoco están activas y las otras cuatro están autorizadas y activas”, detalló el Consorcio del Agua.