El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, compareció este viernes tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha anulado el "monopolio público del agua" y suspendido la parte de las normas transitorias que prohíbe de manera expresa las desaladoras privadas para autoconsumo.

San Ginés aseguró este viernes en rueda de prensa que, en principio, "aunque este decreto se eliminase entrarían en vigor las normas hidrológicas anteriores que también prohíben las desaladoras" privadas.

El presidente avanzó que "esta sentencia será recurrida por el Gobierno de Canarias, y presumiblemente por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote (CIAL) aunque hoy no está personado en el proceso".

San Ginés ha recordado que fue el presidente Nicolás de Páiz quién en 1991 aprobó por unanimidad el Plan Insular, y posteriormente en el año 2001, Enrique Pérez Parrilla, con el respaldo del pleno, el Plan Hidrológico que ya recogía la prohibición de las desaladoras privadas.

En cualquier caso, el presidente del Cabildo quiso aclarar que "aunque estas normas resulten definitivamente anuladas, la norma de aplicación en vigor sería la anterior que como se ha dicho hace 27 años las prohíbe".

En su comparecencia, señaló que el Consejo de la Reserva de la Biosfera respaldó en 2016 por mayoría el Plan Hidrológico y señaló que la mayoría de sus miembros estaban "a favor de dar continuidad y mantener bajo el control del Consorcio el ciclo integral del agua", de tal forma que sólo se autoricen nuevas desaladoras de autoconsumo donde no llegue la red pública.

"Por interés general se acordó igualmente que se mantenga en la norma tender a una gestión a nivel insular de la desalación de agua para abastecimiento urbano, turístico e industrial", agregó.

San Ginés recordó que solo votaron en contra tres miembros del Consejo de la Biosfera: la patronal Asolan, el PP, "cambiando el sentido de lo que en su día aprobaron", y el grupo Ciudadanos, que "defendió vehemente la liberalización de las desaladoras". Para San Ginés, esto supondría "disparar el precio del agua de abasto doméstico".

"Se trata de la defensa de un modelo de Isla que respaldamos de manera amplia la representación política del Cabildo (CC, PSOE, PIL, Nueva Canarias, Somos, Ciudadanos y Podemos) y un amplio espectro de la sociedad defensa del carácter público del ciclo integral de agua de Lanzarote como fórmula de redistribución de la riqueza para seguir manteniendo el agua de abasto doméstica más barata de las grandes ciudades de Canarias", concluyó.