El concejal de San Borondón en el Ayuntamiento de Yaiza, Juan Monzón, ha reclamado la limpieza de las calles de los alrededores de la zona donde se han celebrado las fiestas del Carmen en Playa Blanca.

“Una vez terminadas las fiestas del Carmen en Playa Blanca recibimos quejas de vecinos y propietarios de establecimientos de la zona centro del pueblo, debido a que la plaza, donde se celebraron los actos, la calle de los ventorrillos y todas las calles de los alrededores no han sido lavadas con agua a presión y desinfectante como es preceptivo”, asegura.

Según Monzón, “estos trabajos suelen hacerse cada año tras la celebración de las fiestas, ya que en muchos casos los asistentes han hecho sus necesidades en aceras y portales, y dos días después de concluidas, hay olores que molestan a vecinos y comerciantes”.

Por ello, el portavoz de San Borondón reclamó  “una limpieza urgente con agua a presión y desinfectante, que deje la zona en estado óptimo”.

Por otro lado, Monzón aseguró que el Ayuntamiento “está recogiendo basuras de la zona de Montaña Roja, con furgones y personal municipal”, algo sobre lo que ha mostrado su preocupación ante el conflicto con la empresa adjudicataria del servicio.

Así, el edil plantea que la concesionaria del servicio puede “acumular datos e ir contra” el Ayuntamiento de Yaiza, además de, en su opinión, tratarse de una prueba de que “hay muchas más toneladas de basuras que las que contempla el contrato”.

También plantea “si los operarios municipales disponen de todos los materiales de seguridad y sanitarios”, ya que “en algunos casos la basura  llevan 15 días en la calle y se recoge con apenas unos guantes y una mascarilla de papel”.

Del mismo modo, el concejal cuestiona si el transporte de esos residuos “en unos furgones abiertos sin estar preparados para este tipo de carga” son los adecuados para llevarlos hasta el Complejo ambiental de Zonzamas.

“No nos oponemos a buscar soluciones al problema de la basura, pero si queremos que los operarios que hagan esos trabajos, que tengan seguridad laboral y sanitaria” y que el personal municipal “no sea el que pague por este conflicto”, concluye.