Un senderista, un cazador, un agricultor, aficionados al campo, turistas, vecinos... Todos se pueden encontrar en el campo lanzaroteño, en la montaña, en la costa, un poco de todo: basura, chatarra abandonada, rodadas de quads y de motos por cualquier sitio... Lo que ya es más difícil que se encuentren es a un agente de medio ambiente, y no porque los que hay no trabajen, sino porque hay pocos.

De hecho, Lanzarote es la Isla canaria con menos agentes de medio ambiente, unas competencias que pertenecen al Gobierno de Canarias pero que están transferidas a los cabildos. El Hierro tiene cinco agentes, La Gomera seis, Fuerteventura ocho, en La Palma hay 19, en Gran Canaria 21 y en Tenerife hay 34. En Lanzarote hay dos.

“Lanzarote está en el último lugar tanto en agentes por habitante como en agentes por kilómetro cuadrado”, asegura Francisco Ascanio, presidente de la Asociación Profesional de Agentes de Medio Ambiente de Canarias.

Mientras que en La Palma hay un agente por cada 37 kilómetros cuadrados, en El Hierro uno cada 53 y en Tenerife cada 63, en Lanzarote hay un agente cada 422 kilómetros. Por habitante, también supera el ratio de Islas que tienen casi diez veces más población, como Tenerife o Gran Canaria.

Estos son los agentes funcionarios que tienen los cabildos, pero en las Islas la vigilancia medioambiental tiene algún apoyo. Están los agentes del Seprona, los de los parques nacionales y, por ejemplo en Tenerife, hay hasta 15 agentes municipales más.

En Lanzarote, además de los dos agentes hay tres vigilantes aunque uno no ejerce. Uno de ellos está en La Graciosa y el otro en Lanzarote. Los vigilantes no son funcionarios y no pueden sancionar, pero cuando se derivaron las competencias, en los años noventa, se les mantuvo.

En Lanzarote, donde el propio Ascanio estuvo ejerciendo en los años noventa, llegó a haber seis agentes más los vigilantes. Hubo un episodio que fue determinante: la foto del entonces consejero Higinio Hernández pelando pardelas, como un furtivo más. Desde el propio Cabildo se intentó que los agentes no denunciaran y eso derivó en una huelga de agentes. Desde entonces no ha vuelto a haber interés por mantener las plazas ni por aumentarlas.

Según señala Ascanio, “los vigilantes fueron nuestros maestros y son esenciales también”. Los que ejercen ahora como vigilantes podrán seguir hasta su jubilación, pero después sus plazas tendrán que ser cubiertas por funcionarios.

Desde la asociación de agentes señalan que para el ciudadano es mejor que sean funcionarios porque pueden ser más independientes, como la Policía o la Guardia Civil. Los agentes de medio ambiente también deberían trabajar en pareja porque se dedican a sancionar “y por prevención, porque se hace vigilancia en lugares aislados”. En Lanzarote es casi imposible porque sólo hay dos.

Además del trabajo sancionador, los agentes se dedican a informar en el territorio “que es un trabajo de control y disuasión”, a ofrecer información y charlas en institutos y otros centros y a hacer trabajos de oficina, como la tramitación de expedientes de la Agencia de protección del medio o los múltiples permisos para eventos, como bodas o carreras que se realizan en espacios naturales.

Desde los años noventa, el Cabildo ha amortizado seis plazas, las dos últimas el mes pasado. Primero se amortizaron dos plazas de guardas de caza, en 1991, que podrían haber pasado a agentes “y no las sacaron”. Después quedaron más plazas vacantes que nunca se cubrieron. Ahora se han amortizado dos aunque se van a sacar a concurso otras dos, algo que no se hacía desde hace mucho tiempo.

Respecto a la labor del Seprona, Ascanio señala que “la Guardia Civil puede apoyar pero no es su función propia, las competencias son del Gobierno de Canarias cedidas a los cabildos y la obligación de los cabildos es preservar los espacios naturales”.

El Hierro tiene cinco agentes, Fuerteventura ocho y Tenerife 34. Lanzarote está en el último lugar tanto en agentes por habitante como en agentes por kilómetro cuadrado

“Hay un abandono absoluto”, asegura. Considera que en Lanzarote la población es conservacionista pero que el Cabildo no se ha preocupado “y la población aumenta, y crece la presión sobre el medio y no tenemos nada para hacer frente a esto”.

Dice Ascanio que la financiación de las plazas está garantizada porque las paga el Gobierno de Canarias y que la ley, cuando se traspasaron las competencias, obligaba a los cabildos a mantener el nímero mínimo de agentes que había, pero no se está cumpliendo.

“El Cabildo tiene el dinero pero lo está dedicando a otra cosa -señala-, y el servicio de medio ambiente se ha ido desmembrando”. Recientemente, como nota positiva, ha llegado un nuevo jefe al departamento, que viene de la Estación Biológica de Doñana.

La Unión Europea

Para Ascanio, “es preocupante que una Reserva de la Biosfera tenga un servicio de medio ambiente residual cuando se podrían hacer cosas muy interesantes”. Apunta un posible problema con los fondos europeos. La Unión Europa ahora pide que las instituciones garanticen la viabilidad de los proyectos que financia a través de la vigilancia.

En Gran Canaria ya están justificando esa vigilancia para proyectos como la repoblación en Güi Güi, para la laurisilva o la paloma rabiche. “Si no se garantiza un proyecto de vigilancia se podrían perder esos fondos”, señala Ascanio, que añade que ahora en Lanzarote, “garantizar los requisitos mínimos para la conservación del medio ambiente con la vigilancia que hay ahora es una utopía”.