El grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote ha denunciado este lunes que el presidente Pedro San Ginés “ha estado ocultado durante más de un año un informe de la interventora de la Institución, que el 19 de julio de 2017 alertó de la posible ilegalidad de la encomienda a Tragsa para realizar las obras del museo arqueológico de la calle Fajardo”.

Según indicó Podemos, ni el informe que contenía el reparo de legalidad ni el decreto del presidente levantando ese reparo de Intervención el 22 de agosto de 2017 “fueron siquiera transcritos al libro de Registro del Cabildo,por lo que San Ginés tuvo que emitir otro decreto el pasado 11 de octubre, catorce meses después, para 'convalidar' los efectos del decreto anterior”.

En la nueva resolución se incluye el contenido de un informe jurídico que concluye que el primero podía ser "nulo o anulable" porque "no siguió el circuito establecido para los decretos", ya que "no fue registrado en el Libro de Decretos como es preceptivo ni trasladado a las áreas competentes para su tramitación", explica Podemos.

La formación morada señala que en el Pleno celebrado el pasado 31 de octubre, el grupo de gobierno (CC, PP, PIL y el consejero Juan Manuel Sosa) ya tuvo que responder a las preguntas de Podemos y “achacó lo ocurrido a un error informático". Sin embargo, desde Podemos consideran “una burla esa explicación” y subrayan además que “ésas no han sido las únicas irregularidades tendentes a ocultar estos hechos”.

Así, Podemos aseguró en un comunicado que “en el propio informe de Intervención estableciendo el reparo de legalidad se señalaba que debía darse cuenta del mismo en el primer pleno ordinario del Cabildo que se celebrase, pero lo cierto es que nunca se dio cuenta de ese informe”.

"¿Qué explicación van a dar a esto? ¿No informar al pleno de ese reparo de Intervención también fue un 'error informático'?", cuestionó este jueves el portavoz de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, que considera “inquietantes los esfuerzos del grupo de gobierno por que no trascendiera esta información”.

Meca destaca que el citado informe de la interventora “cuestionaba que las obras del museo arqueológico se hubieran encomendado directamente a Tragsa en lugar de sacarlas a concurso público”, ya que concluía que “no se daban las condiciones para realizar una encomienda”.

El motivo es que Tragsa, que es una empresa controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), “no podía considerarse un 'medio propio' del Cabildo y por tanto, según la advertía la interventora y tal como establece la Ley, la institución insular no podía tener 'un control análogo al que pueda ejercer sobre sus propios servicios'”, explica.

Para levantar el reparo de intervención, San Ginés encargó un informe a los servicios jurídicos del Cabildo “en el que, para justificar el levantamiento, hacía referencia al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, concluyendo que Tragsa tendría la consideración de medio propio de los cabildos”. Sin embargo, en la fecha de ese informe esa Ley aún no había entrado en vigor, añade Podemos.

Para Meca, "estamos ante el enésimo caso de ocultación de información por parte del presidente, aunque en este caso se ha superado a sí mismo ya que ni siquiera fue capaz de inscribir el decreto en el libro de Registros del Cabildo, algo que es muy grave".

Según Meca, "si además tenemos en cuenta que se trata de un levantamiento de reparo de legalidad sobre una obra polémica como es la del museo arqueológico, que nos ha costado de momento más de dos millones de euros y que surgió de la compra de una casa en ruinas a la familia de la expareja de San Ginés, podemos decir que es un nuevo episodio de una decisión que ha resultado muy beneficiosa para los antiguos propietarios pero absolutamente gravosa para los ciudadanos de Lanzarote".

Respecto a esta encomienda que fue reparada por Intervención, se suma a otras que ya había realizado el Cabildo a Tragsa para otras obras en la casa de la calle Fajardo, que fue adquirida hace cinco años y que continúa cerrada.

En esta última, según se recoge en el decreto al que ahora ha conseguido tener acceso Podemos, se adjudica a esta empresa una intervención en la "nave lateral B" del inmueble por valor de 168.283 euros y con un plazo de ejecución de dos meses.

“Sin embargo, más de un año después de firmarse ese decreto, nada se sabe de esas obras ni del resto de intervenciones en un supuesto museo cuya apertura fue anunciada por San Ginés para principios de 2015”, concluye Podemos.