Tanto el ex consejero delegado de Inalsa, Mario Pérez (2003-2007), como los tres administradores concursales que llevaron las riendas de la empresa pública de aguas entre 2009 y 2013, reconocieron en su reciente declaración en el Juzgado por el conocido como caso Inalsa, iniciado por una denuncia de Alternativa Ciudadana, que en la empresa no se hacían los adecuados controles financieros. Pérez destacó a preguntas, precisamente, del abogado de Inalsa, que entre 2003 y 2006 “no se realizaban adecuados controles financieros”, mientras que los administradores aseguraron que no les constaba que a partir del año 2006 y siguientes se realizaran controles de eficacia financiera.

Pérez declaró que durante su mandato ordenó que todos los consejeros de Inalsa presentaran un informe sobre la marcha de la empresa para trasladarlo al consejo de administración. Aseguró que la Junta General del Consorcio del agua era consciente de todo lo que se aprobaba en Inalsa ya que no se aprobaba nada “de forma unilateral”. Señaló también que durante su mandato nunca tuvo advertencias de ilegalidad o irregularidades por parte de ningún órgano, ni en la Junta General ni por parte de la gerencia ni del letrado asesor.

El ex consejero delegado aseguró en el Juzgado que “se pusieron medidas para terminar con todos los problemas”

Señaló que “se pusieron medidas para terminar con todos los problemas” ya que se detectaron desajustes en el almacén, del que se ocupaba el departamento de administración, porque se suministraban materiales a la empresa, según la declaración de Pérez, tanto si había como si no había partida presupuestaria para ello. Entre las medidas que se tomaron está la de asignar una partida y poner en marcha un área de compras  única y un único almacén, fiscalizando previamente las compras e instalando un sistema informático.

Pérez mostró dudas sobre otros asuntos, ya que contestó que suponía que las subvenciones que recibía la empresa se utilizaban para su cometido y no para pagar deudas, o que las tarifas de saneamiento se actualizaran regularmente.

Respecto a la cuota de saneamiento, dijo que tanto su aprobación como su derogación, se hicieron por parte del consejo de administración y la Junta del Consorcio y que se llevó a cabo el mismo procedimiento para suprimirla, así como que la cuota se retiró por la “presión popular” y la petición por parte de los ayuntamientos.

Pérez aseguró que la Junta General del Consorcio era consciente de todo lo que se aprobaba en Inalsa ya que no se acordaba nada “de forma unilateral”

Por su parte, los tres administradores concursales, Juan Luis Ceballos, Pedro Martín Toledo y Pablo de la Vega, que declararon de forma conjunta, señalaron que los desfases en el almacén los constataron de informes previos ya existentes a su llegada a la empresa. Dijeron que había compensaciones de créditos entre Inalsa y los ayuntamientos pero que no comprobaron si las cantidades compensadas correspondían con las reales “porque los ayuntamientos no contestaron a sus requerimientos”.

Señalaron, asimismo, que no apreciaron actuaciones anteriores al concurso de acreedores que fueran susceptibles de ponerse en conocimiento de los Juzgados y explicaron la mala situación económica de la compañía, destacando que las tasas no eran suficientes para garantizar la viabilidad de la empresa y por las enormes pérdidas en la red, aunque señalaron que el “déficit de infraestructuras no era imputable a Inalsa”. Afirmaron que el concurso de acreedores se debía haber declarado con anterioridad a la que se hizo.