Pablo Gutiérrez es abogado y profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Sevilla. Formó una ONG que se llama 'La Clínica de los derechos humanos', gracias a la cual sus alumnos pueden analizar y participar en casos reales sobre derechos humanos en los que, a su vez, él mismo lleva la representación legal.

Entre otros casos, llevó la defensa de los bomberos acusados de tráfico de personas en Lesbos, que fueron liberados sin cargos. También ha asistido como observador internacional a las elecciones en Rusia o al proceso de Gdeim Izik contra activistas saharauis y ha seguido el caso del barco Cherry Blossoim, confiscado con un cargamento de fosfato marroquí en Sudáfrica.

Gutiérrez estuvo en Lanzarote, invitado por la Asociación canaria en solidaridad con el pueblo saharaui y ofreció una conferencia en la Escuela de Pesca, junto a Hmad Hammad, activista saharaui vicepresidente de la ONG Codapso. Gutiérez hizo un repaso a la historia de la firma, en el Palacio de la Zarzuela, de los acuerdos tripartitos en 1975 entre España, Marruecos y Mauritania, negociado por el secretario general del Movimiento.

Señaló que ese acuerdo es inaceptable para el Derecho Internacional porque “nadie puede dar lo que no tiene”. El acuerdo tenía dos anexos, sobre los fosfatos y sobre la pesca. Según Gutiérrez, España “no podía dar lo que tenía” porque la administración fiduciaria estaba en manos del Consejo de Seguridad de la ONU y por tanto el acuerdo debería ser nulo “porque tiene por objeto un imposible”.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas validó el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, con el peregrino argumento de que nunca se había pescado en el banco sahariano. Marruecos comenzó a negociar otro tratado que está casi cerrado, aunque falta que lo aprueben el Consejo Europeo y el Parlamento. La sentencia decía que el acuerdo debe contar con el consentimiento de la población local y por eso se han iniciado una serie de reuniones a las que, por otra parte, no se ha invitado al Frente Polisario, pero sí se ha invitado a otras organizaciones de los territorios ocupados.

Hammad, que relató las torturas que ha sufrido durante años y cómo fue entregado a los servicios secretos de Marruecos por la embajada española, asistió como vicepresidente de Codapso a alguna de esas reuniones en las que no hay ni agenda ni documentos y se invita a organizaciones de colonos. Señaló que aclararon que su representante es el Frente Polisario.

Gutiérrez apuntó que la Comisión Europea se ha esforzado por contentar a organizaciones saharauis pero no al Polisario y que ya se está pensando en recurrirlo ante los tribunales europeos. Respecto al acuerdo de pesca, el abogado señaló una posible vía de acción, diferente a la estrategia seguida hasta ahora, que consistiría en que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) tomara la iniciativa y negociara con alguno de los ochenta estados que la reconocen los derechos futuros sobre la pesca en sus aguas adyacentes, en el banco sahariano.

“Japón está loco por venir”, aseguró. “Se trataría de decirle al mercado: somos su próxima oportunidad de negocio”, de vender no los derechos de 2019 sino los derechos de dentro de veinte años, “ya que el pueblo saharaui tiene el derecho sobre esas aguas”. Gutiérrez señaló que “Marruecos no tiene derecho a meter en el mercado productos del Sáhara”.