Gonzalo Murillo, denunciante del caso La Bufona en el año 2000 y propietario de los terrenos donde se asienta una parte de las casas con orden de derribo en La Bufona (Arrecife), considera que la decisión de la Audiencia Provincial de Las Palmas de ordenar que se repita la vista oral contra los promotores de la urbanización, es "una gran oportunidad para que los propietarios de las viviendas se puedan defender de las imputaciones de los técnicos en materia de urbanismo de la Agencia de protección del medio urbano y natural del Gobierno de Canarias".

Señala que esos técnicos "hacen responsables a dichos propietarios de ser los promotores y ejecutores de la mayoría de obras ilegales construidas sobre suelo rústico de protección ecológica en sus viviendas, muchos años después de haber comprado las casas de La Bufona". Recuerda, en este sentido que, en el caso de una de las afectadas, la presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, este hecho "consta en la resolución de demolición de la Apmun que afecta a la vivienda ilegalizable".

Asegura Murillo que, según las certificaciones del Registro de la Propiedad, todas las viviendas edificadas en la calle Chabusquillo están fuera de los límites del solar urbano que es propiedad de la promotora Brisa Inversiones y que las fincas registrales que se corresponden con esas casas "presentan una anormalidad en su lindero norte" puesto que figura como lindero "Resto de la finca matriz de Brisa Inversiones", cuando deberían tener como lindero la propiedad de Eduardo Murillo, padre de Gonzalo. Ese suelo rústico que ocupan las casas "está escriturado y registrado a nombre de Eduardo Murillo desde hace treinta años".

Señala Murillo que Brisa, la promotora que vendió las casas, no es propietaria de fincas matrices ni dispone de suelo rústico al norte de La Bufona o El Cable, y que se ordena la demolición de estas casas precisamente por invadir suelo rústico de protección ecológica. También destaca que los propietarios han comprado casas en parcelas de 384 metros cuadrados urbanos, pero el Catastro ubica estas viviendas en parcelas de casi 600 metros cuadrados, de los cuales más de 250 metros son de suelo rústico protegido.