El primer Real Decreto que publicó el Gobierno este ano fue el de “medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo”. Su objetivo: intentar agilizar la devolución por parte de los bancos de las cantidades cobradas a sus clientes por la inclusión de cláusulas suelo en las hipotecas. El Gobierno se vio obligado a crear un procedimiento extrajudicial ante una previsible avalancha de demandas, después de que el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmaran que estas cláusulas eran abusivas. La idea consistía en llegar a un acuerdo con el banco para no tener que ir de nuevo a los tribunales.

El Real Decreto entró en vigor el 21 de enero. Los bancos están obligados a articular un procedimiento ágil. Deben poner en marcha un servicio de reclamaciones de cláusulas suelo, un departamento especializado que resuelva en un plazo no superior a tres meses y deben hacer un cálculo de la cantidad a devolver, incluyendo los intereses, y justificar esa cantidad desglosada. ¿Y seis meses después cuál es el resultado? Al menos en Lanzarote, muchos bancos no están cumpliendo. “El objetivo era agilizar y está pasando lo contrario, el Real Decreto no está funcionando”, dice Borja Pascual, abogado que lleva varios de estos casos. Destaca que algunas entidades no están justificando las cantidades que tienen que devolver, así que los clientes no se fían y acuden a un abogado para ver si la cantidad es o no es correcta. Y normalmente no lo es.

Otro abogado señala que no están preparados. “Tenemos que encargar el cálculo a un economista, que cobra entre 300 y 500 euros, y eso sube mucho los costes para el cliente”. Algunos, ante esta situación, y para no ir a juicio acaban por aceptar la cantidad que les da el banco. Esto lo corrobora otro letrado, Salvador Medina, con varios casos de este tipo: “Los bancos tienen la lógica de Goliat, no les importa ir a juicio, pero si un trabajador cobra 900 euros y tiene que pagar 1.000 de gastos, pues se lo piensa”.

Popular y Banca March son las entidades a las que más les cuesta en Lanzarote entregar a sus clientes el cálculo real de las cantidades que tienen derecho a recibir por estas cláusulas en las hipotecas

Lo que hacen los bancos para retrasar el procedimiento es no entregar el cuadro de amortizaciones ni los boletines mensuales. Pascual señala que en algún caso, la diferencia entre lo que correspondía al cliente y lo que quiere pagar el banco es del doble, de 14.000 a 28.000 euros. Uno de los más incumplidores es el Banco Popular, que no ofrece este cuadro de amortizaciones, y otro la Banca March, que pide 25 euros por cada justificante mensual, así que para calcular lo cobrado de más en una hipoteca durante diez años, el coste se eleva a 3.000 euros. “Esto es un abuso y es totalmente fraudulento -señala uno de los abogados-, son comisiones que no están aprobadas por el Banco de España y no hay razón legal que justifique ese gasto, sólo tiene la finalidad de poner trabas”.

Para estos abogados, “el cuadro es importante para saber si los cálculos son o no son válidos porque si no lo son, el banco evita la posibilidad de saber lo que ha cobrado de más”. En algunos casos los bancos sólo quieren devolver el capital pero no los intereses sobre ese capital, añaden los letrados consultados por Diario de Lanzarote.

En el otro lado, en el de los bancos que están respondiendo bien, está Bankia. Los tres letrados coinciden en que lo está haciendo de forma correcta. Lo que aconsejan los abogados a sus clientes es que vayan a la oficina y no se marchen hasta que no les entreguen ese cuadro de amortización, “porque el banco está obligado a darlo”.