“Existe por parte de los ayuntamientos una falta de prioridad de la gestión medioambiental y una escasa relevancia de los temas ambientales en los planes locales de desarrollo integral, fundamentalmente en la asignación de recursos económicos y financieros”.

Además, hay una “débil visión de conjunto de la problemática ambiental”, que genera que se vean los problemas por sectores, como si no formaran parte del mismo problema.

Son dos de las principales conclusiones de la Audiencia de Cuentas de Canarias en su ‘Informe de Fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018’, aprobado este pasado mes de enero.

El informe reconoce que las limitaciones de la legislación para la gestión medioambiental llevan a una definición insuficiente del papel de los ayuntamientos. Se enviará al Parlamento de Canarias, al Tribunal de Cuentas y a los propios ayuntamientos. Lo que hace el informe es fiscalizar la labor medioambiental de los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, que en Canarias son 42. En Lanzarote son cinco, todos menos Haría y Yaiza, y en Fuerteventura, otros cinco, todos menos Betancuria.

Este informe analiza mediante documentación, una encuesta contestada por los propios ayuntamientos y con pruebas de verificación de la información, el cumplimiento de las normas en materia medioambiental, la ejecución de programas presupuestarios destinados a su protección o el funcionamiento interno de los ayuntamientos en esta materia.

De los 42 ayuntamientos analizados, 25 contaban con una estructura propia en medio ambiente, ya fuera una concejalía, área, unidad o departamento. De los de Lanzarote, en Arrecife depende de la Oficina Técnica pero solo hay dos personas adscritas, y de ellas solo una es técnico especialista.

En Teguise solo hay una persona adscrita, que es el técnico, que depende directamente del concejal, al igual que en San Bartolomé, con un solo trabajador que es el técnico, y también en Yaiza, donde existe el mismo personal pero no hay área específica.

En Puerto del Rosario solo hay una persona adscrita a ese departamento. En Antigua depende de la Oficina Técnica y no tiene trabajadores adscritos. Pájara es el ayuntamiento de las islas orientales, con diferencia, que tiene más trabajadores en la Concejalía de Medio Ambiente, con diez, solo por detrás de Santa Cruz de Tenerife y Arona, y con dos más que Las Palmas de Gran Canaria, pero sin embargo no cuenta con ningún técnico especialista.

Diez de los ayuntamientos que tenían departamentos especializados, o no tienen personal adscrito o no tienen personal especializado. De los 17 ayuntamientos que no disponían de unidades medioambientales, siete de ellos sí que contaban con trabajadores con esas competencias.

Los diez ayuntamientos restantes, que no disponían de unidades, departamentos o trabajadores con competencia ambiental son La Oliva, Tuineje, Tías, Tacoronte, Los Llanos de Aridane, Güimar, San Miguel de Abona, Santa Cruz de La Palma, Teror y Santiago del Teide.

Por otra parte, los recursos humanos y económicos que destinan los ayuntamientos al medio ambiente son limitados, aunque han hecho un esfuerzo en participación ciudadana en la gestión del medio ambiente, a pesar de que “no existe de forma generalizada una cultura de participación pública, siendo limitada la capacidad de los ayuntamientos para concretar la incorporación de la opinión pública en los procesos de toma de decisiones”.

Hay 14 ayuntamientos que pertenecen a la Red Española de Ciudades por el Clima, seis a la Red Española de Ciudades Saludables, cinco a la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad, 18 al Pacto de los Alcaldes y 15 a ninguna red.

En ocasiones, la existencia de políticas medioambientales se queda en la apariencia, ya que 17 entidades locales se adhirieron a la Agenda 21 Local, pero en diez de ellas la adhesión a ese protocolo fue una simple declaración de intenciones, ya que ni siquiera realizaron un diagnóstico de su situación medioambiental. De las siete restantes, ninguna culminó el procedimiento previsto.

Solo cinco ayuntamientos en todo el Archipiélago implantaron sistemas de gestión medioambiental: Las Palmas de Gran Canaria, Arona, Puerto del Rosario, Ingenio y Pájara. De los 42 ayuntamientos de la muestra, 34 comunicaron haber adoptado alguna acción para la protección del medio ambiente dentro de su propia actividad; si bien, la mayoría de ellos no aportan la documentación justificativa de todas o alguna de las medidas adoptadas. Solo cinco llevaron a cabo actividades de formación y concienciación en materia medioambiental para sus trabajadores.

Finalmente, respecto a la ejecución presupuestaria, los gastos medioambientales tuvieron escasa importancia en relación con el total, ya que solo representaron el 0,5 por ciento en las instituciones. Los ayuntamientos de Pájara, La Oliva y Puerto de la Cruz, con el 3,6; 2,1 y 1,5 por ciento, respectivamente, son los que han realizado una mayor inversión medioambiental.

Recomendaciones

La Audiencia de Cuentas de Canarias incluye una larga serie de recomendaciones para mejorar la gestión medioambiental a nivel municipal. Entre ellas se encuentra la creación o perfeccionamiento de mecanismos de participación para la gestión medioambiental, “en ajuste al principio de prevención de los conflictos medioambientales”.

Debería existir una estrategia de participación, tanto de carácter formal como informal. Además, los ayuntamientos deberían disponer de unidades o departamentos específicos con competencias ambientales y personal especialista, formar parte de alguna agrupación de entidades con objetivos medioambientales, implantar un sistema de gestión en la materia que implique el reconocimiento oficial de su compromiso para llevar a cabo una política en este ámbito y actuaciones de vigilancia y control.

También sostiene el informe que las entidades locales deberían adoptar en su gestión medidas para minimizar el impacto medioambiental y la huella ecológica derivada de su propia actividad y de los servicios que presta.

Del mismo modo, recomienda realizar campañas de difusión con el objeto de propiciar cambios en los hábitos personales y sociales, fijar objetivos presupuestarios, aprobar ordenanzas reguladoras de la calidad del aire y planes y programas para su mejora, además de poner los datos a disposición de los ciudadanos.

En el mismo sentido, recomienda llevar políticas públicas sobre la regulación del alumbrado, la contaminación lumínica, la eficiencia energética, establecer estaciones o puntos de medición del ruido, impulsar la recogida separada de residuos e implantar la recogida separada de los biorresiduos para ser utilizados para compostaje.

“Dada la poca acogida que ha tenido el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía de la UE en el Archipiélago, sería aconsejable que los ayuntamientos que aún no lo hayan suscrito se adhieran al mismo, con la finalidad de adaptarse a los impactos ineludibles del cambio climático”, finaliza el texto de las recomendaciones.