La primera jornada del nuevo juicio del caso Unión, de la pieza relacionada con las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife, ha estado centrada en las cuestiones previas. Las defensas, principalmente las de Dimas Martín y el ex concejal Antonio Machín, han pedido la suspensión de la vista y la nulidad de todo el procedimiento, una vez más sin éxito.

Al principio de la vista, el abogado de Dimas Martín, Gerardo Ruiz Pasquau, pidió que su defendido, que actualmente cumple otra condena en prisión, pudiera asistir a algunas de las sesiones por sus propios medios, ya que disfruta de permisos. Martín entró esposado a la sala junto con los otros dos acusados que cumplen condena, Carlos Sáenz y Rafael Arrocha. El presidente del tribunal y de la sección sexta de la Audiencia provincial, Emilo Moya, se lo denegó alegando que “están privados de libertad y la opinión pública debe verlo”.

El cambio más significativo de la sesión fue que la Fiscalía modifica la calificación de los delitos cometidos por el ingeniero Antonio Cárdenas. Descartó el delito de fraude a la Administración y lo cambió por el de aprovechamiento de información privilegiada

El cambio más significativo de la sesión fue que la Fiscalía modifica la calificación de los delitos cometidos por el ingeniero Antonio Cárdenas. Cambió la descripción de los hechos, descartó el delito de fraude a la Administración y lo cambió por el de aprovechamiento de información privilegiada.

La defensa de Dimas Martín pidió que se incluyera como testigo al arquitecto Carlos Morales, que estuvo imputado en la causa. El fiscal Javier Ródenas consideró innecesaria su declaración.

El abogado de Martín impugnó toda la documentación, así como las grabaciones telefónicas a los imputados y solicitó que se aplicara la circunstancia eximente de dilaciones indebidas porque los hechos juzgados fueron entre 2007 y 2009. Insistió en que hay “infinidad de resoluciones sin firma”, entre otras alegaciones, y pidió la “nulidad radical de todo el procedimiento”.

Ródenas contestó que todos esos asuntos ya están resueltos, no solo en otras piezas ya juzgadas, sino incluso dentro del mismo procedimiento y aportó el reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la pieza del soborno de Lleó en el que se da por buena la grabación inicial del caso Unión.

El fiscal sostuvo que, en cualquier caso, no hay relación entre un hecho y otro porque la denuncia de José Antonio Castellano, en la que advertía de la exigencia de una comisión ilegal, justificaba por sí sola la intervención del teléfono de Dimas Martín.

Sobre las resoluciones sin firma, dijo que tan solo hay cuatro que estén relacionadas con esta pieza, dos con la detención y registro del domicilio de Antonio Machín, el registro de Rafael Arrocha y la puesta en libertad de Juan Francisco Rosa, y que, de todas formas, están firmadas porque hubo una subsanación por parte del primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro. “Es mentira que las resoluciones no estén firmadas”, dijo.

Tanto el abogado de Martín como la abogada de Machín, Juana Fernández, alegaron irregularidades en la custodia de las piezas de convicción. El fiscal dijo que se trata de un artificio para poder alegar indefensión en segunda instancia y que las piezas, desde 2015, están a disposición de las partes.

El fiscal asegura que Fernández perdió el interés en comprobar las piezas cuando le ofrecieron que podía comprobarlas y aseguró que todos aquellos acusados que se han acercado al material probatorio, a través de sus abogados, han acabado admitiendo los hechos.

Fernández alegó varias causas de nulidad. Volvió a incidir en la nulidad de la grabación inicial, comparando Unión con el caso Guateque, algo que el fiscal combatió señalando que no son casos parecidos. También dijo que el procedimiento está viciado porque la primera grabación, entre Carlos Espino y Fernando Becerra, fue preordenada por la Guardia Civil porque se presentó en el despacho del entonces consejero en horario de tarde y con una grabadora de alta tecnología un día antes de la reunión concretada entre ambos.

Otra cuestión alegada por Fernández fue que Pamparacuatro firmó las prórrogas de los pinchazos telefónicos cuando estaba de vacaciones y que no se trataba de diligencias urgentes porque, en ese momento, se estaba investigando “un simple cohecho”. También insistió en que los pinchazos sí tenían relación entre sí, y por tanto, si se anula el primero se deben anular todos, porque el pinchazo a un sospechoso provocó que se pincharan en cadena a otros sospechosos.

La abogada anunció que aportaba un pericial para combatir los resultados de la pericial que hizo la Policía Nacional y que determinó que la grabación inicial no estaba manipulada, y anunció otra para analizar el contenido del disco duro de la sala polivalente del Juzgado, donde se alojó el procedimiento.

También alegó que a su defendido se le acusa ahora de hechos por los que no fue interrogado y que en la instrucción no se han llegado a realizar todas las diligencias que fueron aprobadas. Incluso alegó que dos de los tres magistrados, Emilio Moya y Caros Vielba, están “contaminados” y por ello se vulneraría el derecho a un juez imparcial. Reconoció que no les había recusado pero que eso “no es óbice para que se abstengan”. Moya contestó que si no ha presentado una recusación “admite la idoneidad del tribunal”.

"No es una partida de póker"

El fiscal le contestó que la defensa “no es una partida de póker”. Recordó que ha habido cuatro querellas contra los investigadores de este caso y que todas fueron archivadas. Sobre la posible nulidad del caso, dijo que “esto no es un castillo de naipes, que por quitar uno se anula todo” y dijo que si las grabaciones han sido válidas para otros casos, lo lógico es que lo sean para este.

Irma Ferrer, la abogada de la acusación popular, Transparencia Urbanística, alegó, respecto a la petición de dilaciones indebidas por parte de Dimas Martín, que si el juicio se ha retrasado un año fue por petición de Martín y que su abogado solicitó aplazamientos en seis o siete ocasiones. “Se ha llevado al límite que la mejor defensa es una impugnación”, aseguró Ferrer, que dijo que la defensa de Machín actúa como el mago que saca un conejo de la chistera porque la mayoría de lo que plantea ya está resuelto.

Sobre las resoluciones firmadas cuando el juez estaba de vacaciones, alegó Ferrer que la abogada presenta un certificado sabiendo que es nulo puesto que el juez Pamparacuatro ganó un juicio por el que se anuló ese certificado porque contenía datos personales, y que el abogado de la otra parte era el hermano de Juana Fernández.