Irma Ferrer, la abogada de Transparencia Urbanística, que ejerce la acusación popular, comenzó este viernes, en sus conclusiones del primer juicio del caso Stratvs ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), recordando la "ceremonia de la confusión" del empresario Juan Francisco Rosa hace 28 años con el apartahotel Fariones, con licencia anulada pero que no se ha derribado, y también habló de una querella en el año 2000 contra Marina Rubicón. "Los denunciantes de este caso son ciudadanos comprometidos y llevan treinta años denunciando el urbanismo criminal", aseguró.

Destacó que fue la autorización del Gobierno de Canarias de 1999 la que dio pie a que se iniciara el expediente de la bodega y explicó que la autorización era para restaurar una casa y hacer un almacén de 900 metros cuadros y la solicitud la hizo Piedad del Río, esposa del arquitecto de la bodega. "El primer engaño está en la solicitud", señaló Ferrer, porque Del Río declaró que no firmó ningún documento. El segundo engaño sería declarar que es propietario de once hectáreas de viñedo para conseguir ayudas europeas sin demostrar que tiene esa superficie.

Respecto al posible delito de prevaricación por omisión, por no cerrar la bodega, dijo que el Ayuntamiento de Yaiza sabía desde el año 2012 que el Juzgado investigaba la bodega y que el Cabildo, ese año, la incluye en el segundo Plan de La Geria como si fuera una bodega histórica. También recordó que en el año 2003 el Ayuntamiento ya paralizó las obras de movimiento de tierras, aunque después las obras siguieron.

"En Lanzarote, las instituciones públicas en las que los ciudadanos confiamos, han fallado estrepitosamente, y lo hacen de forma sistemática cuando se trata de los intereses del señor Rosa", dijo la abogada, que añadió que han llegado a la vía penal porque han fallado todas las instituciones. Señaló que Rosa pagó las tasas municipales en base a un proyecto de 30 millones de pesetas (180.000 euros) y que invirtió después 19 millones: "Los antojos de Rosa los pagamos todos".

Sobre el proceso del expediente, señaló que al Ayuntamiento sí llegó una resolución que refleja el informe de la Oficina del PIO y que decía que el suelo era "no apto" aunque también decía que tenía autorización del Gobierno de Canarias. Ferrer añadió que la licencia de actividad, que se enjuicia por el TSJC al estar la actual alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, aforada por su condición de parlamentaria, no debió salir como favorable del Cabildo porque se le pidieron los proyectos de instalaciones y equipamiento y no los presentó.

"Con Stratvs –dijo la letrada de la acusación popular- las instituciones han llevado a cabo un acto de genuflexión continuado"

Por otra parte, destacó que los miembros de la Junta de Gobierno que concedió la licencia de actividad fueron siete meses antes de concederla a la inauguración de la bodega y bebieron el vino de la cosecha de septiembre del año anterior. "Es absurdo hablar de licencia de actividad cuando la bodega ya está abierta", dijo. También alegó que la bodega no podía obtener la licencia por silencio si la obra va contra el ordenamiento.

Finalmente destacó la relación de familiaridad entre el entonces concejal de Urbanismo, Leonardo Rodríguez, y el empresario, que revelan las llamadas telefónicas en las que hablan de acudir a una cena en esa misma bodega, en octubre de 2008, antes de que se diera la licencia de actividad: "Con Stratvs -dijo- las instituciones han llevado a cabo un acto de genuflexión continuado".