La nueva Ley de Cámaras de Comercio que se debate en el Parlamento de Canarias “puede suponer la vida o la muerte” para las entidades de Lanzarote y Fuerteventura. La presión de Gran Canaria y Tenerife, articulada a través de las enmiendas a la Ley, por parte de varias fuerzas políticas, pretende garantizar para las Islas capitalinas una cantidad fija que sufrague sus gastos de funcionamiento, a través de unos criterios de reparto que perjudican de forma significativa a las Islas orientales.

El Gobierno, en manos de CC, apuesta por establecer una “compensación” económica a las Cámaras de Comercio para cubrir gastos de funcionamiento de las entidades, que son claves en la promoción del comercio, la industria, el turismo y la actividad portuaria. Además, en el caso de islas no capitalinas como Lanzarote, la Cámara presta servicios a las empresas en representación de la propia comunidad autónoma, a la que le correspondería asumirlos.

La principal amenaza para Lanzarote y Fuerteventura se encuentra en la fórmula para distribuir los fondos destinados a garantizar el funcionamiento de las Cámaras que el Gobierno de Canarias incluye en sus presupuestos.

En los dos últimos años, en las cuentas autonómicas ya se incluyó una partida de 700.000 euros con este objetivo. Lanzarote recibió 105.000 euros y Fuerteventura unos 99.000. Para fijar esta cuantía, se tuvieron en cuenta los servicios públicos que asumió cada ente cameral.

“Se debe primar la actividad que desarrolla cada Cámara y los servicios públicos que asume, para que la inversión de los recursos económicos sea lo más eficiente posible”, señala José Torres, presidente de la Cámara lanzaroteña.

Tanto Lanzarote como Fuerteventura abogan por que la nueva Ley simplemente garantice una partida autonómica para gastos de funcionamiento y que sea el Consejo General de Cámaras Canarias, con representación de los cuatro entes camerales y el Gobierno como órgano que las tutela, el que cada ejercicio decida la distribución de los fondos, basándose en la actividad de cada entidad.

Sin embargo, el debate parlamentario se ha enquistado. Gran Canaria y Tenerife pretenden que se petrifique en la nueva Ley, a través de enmiendas presentadas por varias fuerzas políticas (Nueva Canarias y PSOE, principalmente), un reparto provincial de los recursos que destine la comunidad autónoma.

Además, dentro de cada provincia proponen que la distribución se haga “según el número de empresas” que tenga cada Cámara. ¿La consecuencia? Que por mucho que se esforzara, la Cámara de Comercio de Lanzarote solo recibiría unos 56.000 euros, casi la mitad que en el último año, y Fuerteventura, menos.

En ese escenario, la viabilidad de las entidades de las Islas orientales quedaría seriamente comprometida. “Con ese criterio, el pobre será más pobre y el rico más rico, sin que se pueda hacer nada por remediarlo”, aduce Torres.

“La nuestra no es una Cámara al uso, nacimos en una época en la que no conocimos las vacas gordas y hemos apostado por asumir servicios para empresas y emprendedores”, señala el presidente de la Cámara lanzaroteña.

Cuando todas las empresas estaban obligadas a contribuir mediante una cuota, el presupuesto global del ente cameral alcanzaba los 1,7 millones de euros. Sin cuota obligatoria, eliminada en la etapa del Gobierno de Zapatero, Lanzarote ha conseguido mantener un presupuesto que ronda el millón de euros a base de diversificar su actividad.

“Se suele utilizar un discurso sobre la ultraperiferia y la insularidad en la reivindicación de recursos económicos para Canarias, que luego se olvida cuando hay que establecer las reglas que permitan progresar a las Islas no capitalinas”, señala Torres.

Añade que “el reparto provincial” de los fondos “no procede” de ningún modo, ya que ni siquiera encuentra encaje en el nuevo Estatuto de Autonomía, en el que las Islas “se configuran como elementos esenciales de la organización territorial” y el término provincia ni aparece.