Los residentes en Lanzarote se quejan poco. Apenas un centenar de quejas recibidas por el Diputado del Común en el último año procedieron de la Isla, la mitad que La Palma, con menos población. En el anterior ejercicio se habían contabilizado 13 más. Una de las quejas efectuadas en Lanzarote está en manos de la Fiscalía por su posible relevancia penal.

El propio Diputado del Común considera “paradigmática” esta queja, que señala que ha tenido que ser trasladada al Ministerio Fiscal, por cuanto la misma vino motivada por la “inactividad” de las instituciones “implicadas” en la gestión del asunto, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y el Cabildo de Lanzarote.

La queja está relacionada con la falta de ejecución, por parte de las instituciones, de “sus propios actos y gestiones”, ante “infracciones urbanísticas producidas en un suelo de especial protección”, el espacio natural de La Geria. En su informe, el Diputado del Común detalla de su investigación que a la Agencia no le llegó hasta 2016 un recurso interpuesto por el afectado en el año 2010.

El citado recurso se había presentado en 2010 en el Cabildo de Lanzarote, pero fue trasladado a la Consejería regional de Política Territorial “a finales del año 2016, lo que ha ocasionado que el procedimiento sancionador y las sanciones dictadas al infractor hayan quedado suspendidas hasta que se resuelva, de forma expresa y se notifique la resolución del recurso”.

“Es decir”, concluye el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, “el caso de la inactividad administrativa”, en esta ocasión de la Agencia de Protección del Medio y del Cabildo, “mientras dure favorece al infractor urbanístico en detrimento del interés general”.

En total, el Cabildo recibió siete quejas en el último año, de las cuales se han archivado dos y el resto están en trámite. La institución local que más quejas recibe es el Ayuntamiento de Arrecife: el año pasado se efectuaron 12 quejas y solo tres se archivaron, mientras que el resto están en tramitación. Alguna es por la falta de devolución de ingresos indebidos por parte del Consistorio.

También hay quejas sobre el Ayuntamiento capitalino relacionadas con la oferta pública de empleo y la provisión de puestos de trabajo. De hecho, el Diputado del Común tuvo que dictar una resolución sobre el “deber legal de respuesta” del Ayuntamiento, con una recomendación, así como iniciar un proceso de investigación.

Así mismo, en Arrecife hay una resolución pendiente de respuesta acerca de las “irregularidades” producidas en la “tramitación de un expediente relativo a la extracción de áridos, para que se adopten las medidas cautelares precisas y se ordene la inmediata suspensión de las obras”.

La vivienda, problema complejo

El Diputado del Común destaca en su último informe que “uno de los problemas más complejos” en la comunidad autónoma es “hacer efectivo el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada”, de acuerdo con la Constitución.

“Son muchos los canarios que aun presentan problemas habitacionales, lo que permanece como principal motivo de las quejas en esta área, además de llegar a convertirse en una de las situaciones más preocupante”, señala Saavedra en su dictamen, en el que hace hincapié en que la “necesidad de ser adjudicatarios de viviendas públicas destinadas al alquiler social” continúa en Canarias sin resolverse.

El Diputado del Común advierte en su informe de “la imposibilidad de archivo de los expedientes de queja” de años anteriores en relación a la renovación urbana de los barrios de Valterra y Titerroy, con viviendas aquejadas de problemas estructurales y riesgos de desplome. La reposición de viviendas se incluyó en un Plan estatal que vencía en 2016, pero el proyecto está paralizado en el Ayuntamiento. Saavedra criticaque “las administraciones no dan respuesta a la solicitud de colaboración” del Diputado del Común, motivo por cual las quejas “permanecen vivas”.