imputados pusieron en duda su elaboración

La Policía desmonta la ‘teoría conspirativa’: los autos del caso Unión no fueron manipulados

Foto: De la Cruz.
Saúl García 10 COMENTARIOS 18/04/2015 - 07:04

Los autos del caso Unión cuya desaparición fue denunciada por el primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, se elaboraron en la fecha en que se debían elaborar y no están manipulados. Así lo acredita un informe de la Sección de informática forense de la Policía Científica que ha enviado al Juzgado número 5 de Arrecife que instruye el caso.

La Policía ha analizado los metadatos de esos documentos alojados en el ordenador de la sala polivalente del Juzgado número 5 de Arrecife, que era el ordenador en el que se almacenaban los archivos que se redactaban en otros ordenadores del mismo Juzgado. Los metadatos son datos incluidos en los archivos informáticos que revelan las características de estos archivos.

El informe, terminado a finales de marzo, debía analizar a petición del Juzgado, la fecha de creación de esos archivos y si habían sido manipulados posteriormente. Hay que recordar que en el sumario, de más de 30.000 folios, aparecían algunos autos firmados solamente por el secretario judicial pero no por el juez y que Pamparacuatro, ya en 2014, se negó a firmarlos asegurando que no eran los originales ya que él mismo había redactado, impreso y firmado los autos originales. Además puso una denuncia por el extravío o robo de esos autos.

Algunos imputados en el procedimiento, aprovechando que esos autos no eran los originales, pusieron en duda que se hubieran redactado antes de la fecha de las actuaciones y sostienen que primero se había detenido a algunos imputados y después se habían hechos los autos. De ser así, esto haría que se pudieran anular muchas de estas actuaciones.

Decae la tesis de algunos imputados de que primero se habían efectuado detenciones y después se habían hecho los autos

El empresario Luis Lleó, uno de los principales acusados, que se enfrenta a la petición de seis años de cárcel por parte de la Fiscalía, ha presentado tres querellas contra el juez y el fiscal del caso, dos agentes de la UCO y el secretario judicial, José Ramón Vera, por falsificar, según él, los documentos del caso. Una de las denuncias ya ha sido inadmitida y la otra ha sido informada negativamente por la Fiscalía, mientras que la otra, dirigida sólo contra la UCO y el secretario, ha sido admitida a trámite en el Juzgado número 3 de Arrecife.

El secretario, José Ramón Vera, llegó a reconocer que los autos sin firma no eran los originales y que los había imprimido y firmado él y los había incorporado al procedimiento cuando detectó que faltaban. También reconoció que el contenido era el mismo y que no se había retocado.

Ante esta circunstancia el Juzgado pidió a la Policía que clonase el disco duro y comprobase la fecha de creación de los autos y si habían sido manipulados. Las conclusiones del informe son claras y desmonta esa teoría conspirativa. Dice que “todas las fechas de última modificación de los documentos corresponden a fechas anteriores o iguales a las que figuran en el texto del propio documento, excepto dos que corresponden a la madrugada del día siguiente”.

“Todas las fechas de última modificación de los documentos corresponden a fechas anteriores o iguales a las que figuran” en los autos

La segunda conclusión es que “no hay inconsistencia entre las fechas de última modificación que constan en los metadatos de los documentos y las de los archivos que los contienen, que indique una manipulación de los documentos hallados posterior a dicha fecha”.

Todos los autos analizados corresponden a la operación Jable y fueron realizados entre abril y junio de 2010. Hay un auto de los analizados que se no se ha encontrado en ese disco duro, por el que se pedía información tanto a Loewe como a Urbaser en la búsqueda del bolso regalado por esta empresa a la ex alcaldesa Isabel Déniz.

Los otros autos analizados corresponden a órdenes de entrada y registro en los domicilios de varios detenidos en esa operación o la propia orden de detención de los ex concejales Antonio Machín, Luisa Blanco, la consejera María José Docal o el empresario Demetrio Rodríguez, entre otros, así como a la petición de información a algunas entidades bancarias o a la apertura de cajas de seguridad.

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