Uno de los empresarios cuya imputación mantiene la jueza Silvia Muñoz en la pieza 12 del caso Unión una vez concluida la fase de instrucción es Juan Francisco Rosa, a quien le atribuye un presunto delito de falsedad documental.

En el auto judicial hecho público este jueves, la jueza sostiene que Rosa suscribió con Dimas Martín un contrato de trabajo “aparente” a través de Galerías Rosa “con el único fin” de que el fundador del PIL “pudiera obtener el tercer grado penitenciario” mientras cumplía la condena del caso del Complejo Agroindustrial.

La jueza destaca que “se llegaban a girar nóminas” a Dimas Martín “que resultaban reingresadas y con alta en la Seguridad Social” pero sin que el fundador del PIL “desempeñara actividad laboral alguna”.

Por ello, la instructora del caso Unión considera que se utilizó “un contrato ficticio que desplegó efectos jurídicos en el ámbito de la Seguridad Social y generó el beneficio buscado”, que era “la consecución del tercer grado”.

“Este beneficio mostrado por el líder del PIL se corresponde también con la dotación económica que el empresario efectuaba al partido a través de su grupo de empresas y que forma parte de la contabilidad oculta” de la formación insularista, resalta la jueza.

“Habría contribuido a la financiación irregular del PIL durante los periodos electorales tanto de 2003 como de 2007”, señala la jueza

Así, el empresario “habría contribuido a la financiación irregular del Partido de Independientes de Lanzarote durante los periodos electorales tanto de 2003 como de 2007 con aportaciones de hasta 60.000 euros en pagarés por campaña electoral”.

Esos pagarés, explica la jueza, habrían sido recogidos por Matías Curbelo, “administrador de la campaña electoral de 2007” del PIL. Curbelo está imputado por un delito electoral, una vez concluida la fase de diligencias previas.

“Dichas aportaciones se habrían hecho a cambio de que se favorecieran sus intereses económicos, particulares o de sus empresas, por parte de los cargos públicos electos del Partido de Independientes de Lanzarote una vez celebradas las elecciones”, concluye.