La Fiscalía, que había solicitado al Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife el archivo de la investigación de presuntas irregularidades en la empresa pública Inalsa, acordado en febrero de este año, pidió al reapertura del caso a la vista de un informe del Tribunal de Cuentas sobre el servicio de producción y venta de agua entre los años 2007 y 2011.

El juez Ricardo Fiestras indica en un auto del pasado 13 de noviembre que “del examen del citado informe” se puede concluir que los motivos por los que la Fiscalía pidió el archivo de la causa “se encuentran, prácticamente en su integridad, refrendados”.

Así, indica el juez, no se advierte irregularidad alguna en lo relativo al abono del denominado ‘canon’ de Inalsa al Consorcio, ni respecto a la modificación de la tarifa del agua, la convocatoria del procedimiento abierto de concesión de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización del agua en la Isla, en noviembre de 2012, “ni en lo relativo a las irregularidades contables” que se detallaban en las auditorías de Ernst&Young.

En cambio, el juez destaca que en el informe del Tribunal de Cuentas “sí se advierten diversas irregularidades” en cuatro obras, pero precisa que solo investigará de manera directa una, la remodelación de una planta desaladora, mientras que las otras tres, ejecutadas por el Consejo Insular de Aguas, las enviará a reparto para que se abran nuevos procedimientos específicos porque considera que no están ‘conectadas’ entre sí.

De este modo, el Juzgado de Instrucción número 4 investigará el contrato adjudicado por Inalsa para la remodelación de la planta desaladora Lanzarote II, con un coste final de 97.245 euros, “sin que se tramitase contrato alguno que diera cobertura a esa prestación, constando únicamente seis facturas emitidas por dos empresas”.

El juez solo reabre la causa sobre Inalsa para investigar la obra de remodelación de una planta desaladora 

El juez precisa que el objetivo de la causa era, entre otros, “constatar si desde la mercantil Inalsa se desviaron importes monetarios sin justificación” y añade que “se va a proceder a la reapertura” de las diligencias “únicamente” para “examinar el contrato relativo a la remodelación de la planta Lanzarote II”.

En el mismo auto, el juez acuerda dirigirse al Cabildo para que remita el expediente relativo a la remodelación de la citada planta desaladora. En un comunicado, el Cabildo señaló que esa obra debe ser al menos “de la pasada década”.

Ampliación en el sur

La principal obra del Consejo Insular de Aguas que será objeto de investigación será la ampliación del centro producción de agua desalada en el sur de la Isla, que se licitó el 24 de octubre de 2007, con propuesta de adjudicación el 13 de diciembre de ese año y recepción el 2 de diciembre de 2008, con un coste final de 1,8 millones.

En esta obra, el Tribunal de Cuentas advierte que no se emitieron los preceptivos informes jurídicos y de intervención, que faltan los informes de supervisión y el visado del colegio profesional correspondiente, así como “irregularidades” detectadas en el replanteo y en la propuesta de liquidación de las obras.

El Tribunal de Cuentas pone el foco en que se abonaron unos 13.780 euros por asfaltado, “obra fuera del proyecto inicial, ejecutada sin modificación del mismo, y por una entidad cuyo objeto social es la redacción de proyectos”. También resalta que se abonaron 53.506 euros a una empresa distinta de la adjudicataria por el proyecto, el registro industrial y la legalización de instalaciones”, cuando “esta obra no había de ser objeto de legalización al ser su propietario el CIA (Consejo Insular de Aguas) de Lanzarote”.

Otras obras a investigar

El juez Ricardo Fiestras también apunta en su auto que se deben abrir procedimientos para investigar, siguiendo el informe del Tribunal de Cuentas, el expediente del Consejo para sustituir la tubería entre Uga y Las Breñas, que se adjudicó el 8 de junio de 2010 por más de 1,5 millones de euros. Según el Tribunal de Cuentas “se utilizó, de forma indebida” en su opinión, “la tramitación de emergencia”.

La otra obra que para el juez Fiestras habría que investigar es la sustitución de tuberías de la red de abastecimiento, que se recepcionó en agosto de 2012 con un coste final de más de 1,1 millones de euros, “donde se advierte que la tramitación abreviada por emergencia del expediente se realizó de forma indebida”.

Eso supone, según el criterio del Tribunal de Cuentas, “la adjudicación directa del contrato, eludiendo la debida concurrencia que debe estar presente en toda contratación pública, vulnerando los principios básicos de publicidad y transparencia”.

“A la vista de las irregularidades expuestas entendemos que es absolutamente necesario el exhaustivo examen de dichos expedientes de contratación por si de su tramitación o del destino final del importe pudiera revelarse la comisión de una infracción penal”, concluye el juez.

Más detalles

ALTERNATIVA. El origen del procedimiento judicial es una denuncia de Alternativa Ciudadana, que asume y amplía la Fiscalía, que a su vez presenta una querella. En la causa han estado investigados los exconsejeros delegados Plácida Guerra y Mario Pérez, o el exgerente Rafael Elorrieta. El Ministerio Fiscal pidió posteriormente el sobreseimiento de la causa, el juez lo aceptó y la propia Fiscalía solicitó su reapertura a la vista del informe del Tribunal de Cuentas.

POLÍTICOS. El Cabildo apuntó este martes en un comunicado que la obra del Consejo Insular de Aguas para la ampliación del centro de producción del sur se hizo bajo la presidencia de Manuela Armas, mientras que, en las otras dos, la sustitución de la tubería de Uga y de las redes, tenían “las competencias delegadas” del Consejo Fabián Martín y Sergio Machín, respectivamente.