La Fiscalía ha entregado los escritos de acusación de tres piezas del caso Montecarlo relacionados con la presunta “sustracción de fondos públicos” del Ayuntamiento de Arrecife. El fiscal pide una condena de 27 años y medio de prisión para el interventor, Carlos Sáenz; 15 años y medio de cárcel para el recaudador José Vicente Montesinos; y 10 años de prisión para el ex alcalde socialista José Montelongo. En las tres piezas hay una veintena de investigados.

El interventor está implicado en todas las piezas sobre las que la Fiscalía ha presentado escrito de acusación: Tunera, Inelcon y Gestecal. El fiscal lo considera el principal responsable de una “mecánica fraudulenta” en la que habrían participado cargos públicos, funcionarios y empresarios. En las piezas del caso Montecarlo se formula acusación por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, de falsedad en documento oficial y documento mercantil.

El ex alcalde José Montelongo, que se vio obligado a dimitir después de que el juez instructor Ricardo Fiestras diese por concluida la investigación, está acusado en las piezas de Inelcon y Tunera. En la primera se enfrenta a una petición de cinco años y medio de cárcel, y en la segunda a una solicitud de cuatro años y medio de prisión. Montelongo era concejal de Hacienda cuando se abonaron buena parte de las facturas que la Fiscalía pone en tela de juicio.

Así, la Fiscalía señala que se puede estimar que el importe fraudulentamente abonado por el Ayuntamiento de Arrecife a las empresas Inelcon y Señalcon asciende, “sólo entre los años 2008 y 2012”, a 3,5 millones y 135.000 euros respectivamente, “de los cuales obedecen a servicios no prestados” un mínimo de 757.675 y 84.119 euros entre ambas empresas.

Las facturas presuntamente infladas se refieren a reparaciones de semáforos, fiestas de carnaval, servicios de alumbrado, decoración navideña, ferias y mercadillos. La Fiscalía destaca también que las citadas empresas incrementaban “ilegalmente” el importe de facturas, que fueron reconocidas extrajudicialmente mediante acuerdos plenarios. Además, señala pagos “por servicios no prestados”, cobradas mediante “facturas mendaces”, como 10.327 euros por “10 cubos de barrendero” o 48.403 euros por “señalización y protección de puntos de recogidas de residuos”.

En la pieza de Inelcon, el fiscal Ignacio Stampa pide seis años para el interventor, la misma pena para el empresario, Carlos Lemes, y cinco años y tres meses para los ex concejales Eduardo Lasso e Isabel Martinón, así como para el técnico José Nieves. También pide cinco años para el ex concejal Víctor Sanginés o el trabajador Miguel Ángel Leal, entre otros.

El Ministerio Fiscal acusa a una veintena de investigados en tres piezas del caso Montecarlo por la presunta “sustracción de fondos públicos” en el Ayuntamiento de Arrecife

En cuanto a la pieza de Tunera, el fiscal Ignacio Stampa señala como conclusión que “el importe arbitraria y fraudulentamente abonado por el Ayuntamiento de Arrecife” a la empresa asciende, “sólo entre los años 2009 y 2012, a la cantidad mínima” de 3,2 millones de euros, de los cuales “al menos” 121.000 euros obedecen según la Fiscalía “a pagos por servicios no prestados”. En esta pieza, el fiscal solicita seis años para el interventor, lo mismo que para el dueño de la empresa, y cuatro años y medio para los ex ediles Eduardo Lasso y Lorenzo Lemaur, igual que para los técnicos Miguel Ángel Leal y José Nieves. A los ex concejales Víctor Sanginés e Isabel Martinón pide otros tres años.

En Montecarlo se investigaron supuestos pagos fraudulentos a la empresa Gestecal y a otras dos, Recingest y Progestril, relacionadas con Montesinos, en los ayuntamientos de Arrecife, San Bartolomé y La Oliva. Por esta pieza la Fiscalía pide 15 años y medio de prisión para el interventor y Montesinos, y cinco años y 10 meses para Javier Betancort, economista y ex concejal de San Bartolomé, entre otros.

El Ayuntamiento, perjudicado que no reclama

El fiscal Ignacio Stampa destaca en sus escritos que no consta que el Ayuntamiento de Arrecife, personado como acusación particular como perjudicado en el caso Montecarlo “haya instado procedimiento alguno de reintegro de las cantidades indebidamente abonadas” ni exigido “responsabilidad hacia sus presuntos responsables”.

Más de 1,2 millones de responsabilidad civil

La Fiscalía pide que los acusados indemnicen de forma solidaria al Ayuntamiento de Arrecife, por responsabilidad civil, con más de 1,2 millones de euros por las tres piezas. El interventor tendría que responder, llegado al caso, por la totalidad del importe. El ex alcalde José Montelongo con hasta 386.000 euros