La Fiscalía acaba de solicitar el ingreso en prisión para el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, por otra condena, distinta al caso Yate, que ya es firme, de sólo tres meses de cárcel por otorgar dos licencias en 2001 a la mercantil Isla Playa Blanca para dos complejos de bungalós de 58 y 45 unidades en el plan parcial Montaña Roja.

El Juzgado de lo Penal número un de Arrecife le había concedido la suspensión de la pena privativa de libertad y la Fiscalía se ha opuesto. El fiscal recuerda que Reyes ya ha sido condenado tres veces por prevaricación urbanística por hechos similares y que ya entró en prisión por una pena de seis meses por la concesión de la licencia a la casa del arquitecto Carlos Morales.

En su recurso, la Fiscalía señala que “no conviene sustraerse del contexto actual de exigencia de un plus de responsabilidad a quienes han ocupado cargos públicos utilizados para servirse del cargo para delinquir y no para servir al cargo con objetividad y sometimiento pleno a la ley y al derecho como era su obligación constitucional”.

También destaca que “la percepción de impunidad en los delitos de prevaricación existe y esa percepción se agiganta si el condenado elude la pena de prisión en un automatismo burocrático limitado a una visión rutinaria de comprobar la hoja histórico penal y el límite de la pena impuesta”.

“No parece lógico”, concluye la Fiscalía, “que estemos ante un servidor público que merezca disfrutar de dicho beneficio porque sus actos contradicen el espíritu y finalidad de la norma”. El Ministerio Fiscal destaca de Reyes que “ha hecho del ejercicio de su cargo de alcalde del municipio de Yaiza, habitualmente, un apartamiento del derecho que le era exigido” y que por eso “no puede acogerse al citado beneficio” de suspensión de la pena de cárcel.

“Máxime”, añade, “cuando nos encontramos ante un alcalde que ostenta el no despreciable demérito de ostentar tres condenas penales firmes por prevaricación urbanística con posterioridad a los hechos descritos en este procedimiento”.

“Un alcalde que ha quedado probado que disponía a su antojo de la voluntad municipal en orden a las resoluciones que pudiera adoptar en el ámbito urbanístico llegando a amasar una importante fortuna, a costa del interés general del municipio que nunca atendió por su búsqueda de lucro personal e inmediato que guió su proceder como alcalde y le desvió del correcto funcionamiento y sometimiento pleno a la ley, al que estaba por mandato constitucional legalmente obligado”, recalca la Fiscalía.

Caso Yate

La Fiscalía también se deberá pronunciar sobre la entrada en prisión de los condenados del caso Yate. La Audiencia ya ha decretado el ingreso en prisión del exalcalde de Yaiza, condenado en esta causa a seis años de cárcel por la concesión masiva de licencias urbanísticas a hoteles, complejos de apartamentos y al puerto Marina Rubicón.

Reyes, como el resto de los condenados, reconoció los hechos de los que se le acusaba que suponen la comisión de los delitos de prevaricación urbanística, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho.

La sentencia se conoció en abril de 2017 y la Audiencia Provincial ha tardado un año en ordenar el ingreso en prisión. Reyes, por otra parte, ha presentado un recurso de súplica y pide que se le suspenda la pena por su estado de salud, porque sus delitos se cometieron hace 15 años y ya tienen una “incidencia social nula”, porque no puede reincidir, ya que está fuera de la política y porque ha pagado la responsabilidad civil y las multas.

Reyes reconoció que había recibido hasta 300.000 euros en sobornos, aunque ahora señala que está “en una grave situación de penuria económica tanto personal como familiar”. El resto de los condenados también ha pedido que se suspendan sus penas.

Ninguno del resto de los condenados tiene penas superiores a dos años, pero al menos uno de ellos, el exsecretario municipal Vicente Bartolomé Fuentes, que ahora trabaja en el Cabildo de Gran Canaria a pesar de sus condenas de inhabilitación, es reincidente por hechos similares.

Fuentes, que ha pagado una multa por esta causa de 720 euros, alega que los hechos de su condena firme ocurrieron después de los hechos por los que ahora se le condena en el caso Yate, y por tanto no se pueden computar como antecedentes.

Comiso de los bienes

La Audiencia de Las Palmas ha ordenado el comiso de varios inmuebles, vehículos y barco y la anulación de 44 licencias urbanísticas, aunque se desconoce cómo se va a ejecutar la sentencia en este sentido.

También ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre el posible ingreso en prisión de los condenados. La Fiscalía aún no se ha pronunciado en este caso, pero atendiendo a sus argumentos en otros casos recientes, es muy probable que pida la entrada en prisión para varios de los acusados.