La Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión para un administrador de la constructora Torres acusado de un delito de estafa agravada por, presuntamente, ocultar a un Juzgado la existencia de un contrato de condonación de deuda a otra empresa y reclamarle judicialmente más de 478.000 euros.

Así consta en el escrito de acusación presentado ante el Juzgado de Instrucción número tres de Arrecife y, según ha indicado la Fiscalía, está prevista la celebración del juicio este mes de enero en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El Ministerio Público dirige el procedimiento contra el acusado J.J.G.A, que era administrador único de Construcciones Torres en junio de 2013, cuando presentó una demanda de juicio ordinario en el Juzgado de Primera Instancia número uno de Arrecife contra otra entidad mercantil, Silvano Inversiones, reclamando una deuda de 478.424 euros.

A principios del año anterior, el empresario José Luis Betancort Acosta, que estaba vinculado a las dos empresas citadas, había vendido Construcciones Torres, que era una compañía habitual en las adjudicaciones de obra pública en Lanzarote. Betancort, que fue miembro de la Cámara de Comercio de Lanzarote y responsable de una televisión local, dejó de ser administrador de Torres en marzo de 2012.

Por su parte, el acusado se convirtió en administrador único de Torres en julio de 2012, tras asumir el cargo después del cese de Giuseppe Carta, que se hizo conocido por asumir la gestión de empresas en situación de crisis. Carta fue condenado en 2022 a siete años de prisión por estafa agravada, insolvencia punible y administración desleal por la descapitalización de una empresa de Tenerife.

El acusado se convirtió en administrador único de Torres en julio de 2012, después de Giuseppe Carta, conocido por asumir empresas en crisis y condenado en otro caso

Según la Fiscalía, el acusado actuó “con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito” y siendo “plenamente consciente” de la existencia de un contrato de donación liberatoria o condonación de deuda por los citados 478.424, firmado en marzo de 2012 entre Construcciones Torres y Silvano Inversiones, que habría extinguido la obligación económica reclamada.

Según el escrito de acusación, ese contrato fue ocultado deliberadamente al Juzgado durante la tramitación del procedimiento judicial, que concluyó con una sentencia estimatoria en febrero de 2015 y dio lugar posteriormente a un proceso de ejecución de títulos judiciales.

Como consecuencia de esa ejecución judicial, añade la Fiscalía, se causó “un importante perjuicio económico” a Silvano Inversiones, llegando a subastarse un total de 14 fincas inscritas en el Registro de la Propiedad de Teguise.

Prisión y multa

Los hechos son calificados provisionalmente como constitutivos de un delito de estafa agravada, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita 18 meses de multa, con una cuota diaria de 25 euros, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el abono de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía interesa que el acusado y Construcciones Torres indemnicen de forma conjunta y solidaria a la parte perjudicada en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.