La Fiscalía de Las Palmas se ha opuesto a que se suspenda la pena de ingreso en prisión del exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, tal y como su defensa había solicitado. Reyes fue condenado a seis años de cárcel en el caso Yate.

En un dictamen dirigido a la sección segunda de la Audiencia Provincial, la Fiscalía destaca la “nutrida hoja histórico penal” de Reyes y “la naturaleza de los múltiples hechos delictivos por los que ha sido condenado (prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y cohecho entre otros)”.

Además, recuerda que los delitos estaban “enmarcados en una operación de corrupción urbanística ejecutada durante los años 1998 a 2004 en los que desde el cargo de alcalde del municipio de Yaiza, el condenado, se lucró a costa de negociar con el patrimonio del suelo urbanístico que le era obligado velar por su utilización racional”. Estas circunstancias, añade, “impiden de manera categórica el beneficio interesado por la defensa del condenado”.

El fiscal considera que Reyes no cumple los requisitos para que se suspenda esa condena y dice que "no conviene sustraerse del contexto actual de exigencia de un plus de responsabilidad a quienes han ocupado cargos públicos utilizados para servirse del cargo para delinquir y no para servir al cargo con objetividad y sometimiento pleno a la ley".

"No parece lógico -añade- desde una óptica, incluso de merecimiento, de que estemos ante un servidor público que merezca disfrutar de dicho beneficio porque sus actos contradicen el espíritu y finalidad de la norma”.

“Quien ha hecho del ejercicio de su cargo de alcalde del municipio de Yaiza, habitualmente, un apartamiento del derecho que le era exigido no puede acogerse al citado beneficio excepcional. Recompensar la ilicitud no es tributario, al menos, del principio de actuación del Ministerio Fiscal", recalca.

Recuerda, asimismo, que Reyes es multi reincidente, ya que ha sido condenado en sentencias penales firmes por delito de prevaricación urbanística en, al menos, tres ocasiones "y no puede operar como factor determinante de la concesión del -inmerecido beneficio- la lejanía respecto de la que recaen los hechos declarados probados firmes en sentencia penal. Esa lejanía ya operó como factor corrector de la pena a imponer".

El fiscal concluye señalando que es obligado no renunciar a la función de prevención general que cumple la pena. "Máxime -asegura- cuando nos encontramos ante un alcalde que ostenta el no despreciable demérito de ostentar tres condenas penales firmes por prevaricación urbanística con posterioridad a los hechos descritos en este procedimiento”.

“Un alcalde”, añade, “que ha quedado probado que disponía a su antojo de la voluntad municipal en orden a las resoluciones que pudiera adoptar en el ámbito urbanístico llegando a amasar una importante fortuna a costa del interés general del municipio que nunca atendió por su búsqueda de lucro personal e inmediato que guió su proceder como alcalde y le desvió del correcto funcionamiento y sometimiento pleno a la ley, al que estaba por mandato constitucional legalmente obligado".