AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE

La Fiscalía archiva la denuncia contra De Anta por adjudicar el servicio para las multas de tráfico

Saúl García 3 COMENTARIOS 28/06/2017 - 12:50

La Fiscalía de Las Palmas ha archivado la denuncia que el pasado mes de noviembre interpuso un trabajador municipal, José Marcial Cabrera, por un presunto delito de prevaricación contra la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, por la contratación en junio del año pasado del servicio de asistencia técnica y colaboración para la gestión, notificación y recaudación de las multas de tráfico a la empresa Coordinadora de Gestión de Ingresos por 180.000 euros por un periodo de tres años sin acuerdo de la Junta de Gobierno o del pleno.

El denunciante amplió la denuncia en abril con un informe del tesorero municipal que concluía que las labores de recaudación están reservadas por ley al tesorero y que la empresa adjudicataria no se podía convertir en una "administración paralela".

En un escrito de 15 folios, la fiscal Inés Amparo Rodríguez considera que no está debidamente acreditado que haya un ilícito penal en la actuación de la alcaldesa . Señala la fiscal que el pleno acordó en octubre de 2014 adherirse a la Central de contratación de la Federación de municipios y provincias (Femp) para contratar la sobras y servicios que ofertase esa Central, así como los precios que se fijen en los contratos marco entre la Central y las empresas adjudicatarias, además de facultar a la alcaldía a que formalizara esa adhesión.

La Fiscalía considera que la Central de contratación y la adhesión del Ayuntamiento de Arrecife son legales, y que se aprobó por unanimidad. Subraya que las centrales de contratación nacen para conseguir "mayor eficacia en la actividad contractual", y dice que ese acuerdo de adhesión es un título hábil para poder contratar los servicios que ofrezca la central.

El expediente de la contratación que aportó la alcaldesa a la Fiscalía contenía veinte documentos. De Anta aportó ese expediente, según relata el escrito, tras conocer la denuncia por los medios de comunicación, ya que se hizo pública por esta vía y dio pie a varias denuncias públicas tanto del PP, que acusó a la alcaldesa de saltarse todos los procedimientos administrativos, como de Ciudadanos, que presentó una moción en el pleno.

No hacía falta informe del tesorero

La denuncia decía que no había informe de Intervención ni de Tesorería, y la Fiscalía señala que sí se hizo retención de crédito por Intervención y que la Femp informó que no hacía falta informe previo del tesorero. Igualmente, que no participara el departamento de contratación se justifica por el acuerdo plenario de adhesión a la Central. Tampoco debía haber asistencia de una Mesa de contratación ya que era una adjudicación de un contrato basado en un acuerdo marco con un solo adjudicatario.

La fiscal dice que no observa la omisión voluntaria o intencional de ningún requisito esencial en la tramitación del expediente y señala que no es preciso un proceso de licitación ni aprobar las cláusulas administrativas ni técnicas al tratarse de un acuerdo marco, así como que dicho acuerdo marco no se ha recurrido por la vía contencioso administrativa que hubiera sido "lo correcto" antes de la vía penal.

Por otro lado, la denuncia señalaba que los contratos de servicios no pueden durar más de dos años, y la fiscal destaca que esa afirmación no tiene refrendo en la Ley de Contratos del Sector Público.

Respecto a la posible ilegalidad manifestada por el tesorero, de atribuir funciones de la Administración a la empresa privada, la Fiscalía dice que habría que hacer un análisis pormenorizado de las actividades llevadas a cabo por el adjudicatario, y que eso lo debe decidir la jurisdicción contencioso administrativa. "El hecho de que el tesorero plasme su disconformidad con el contrato suscrito tampoco supone elevar tales hechos a la categoría delictiva", señala.

Comentarios

Alguno al pasar por la Vía Medular, se picó con un pitera.
El denunciante simplemente se equivocó de jurisdicción , si como dice la fiscalía hubiera ido a la vía contenciosa administrativa, seguramente anularía el acto administrativo tras analizarlo detenidamente.
Esta empresa ya es conocida por estar involucrada en varios asuntos Telde Aguimes y otros municipios de Nueva Canaria son su patio de operaciones y es sucesora de la tristemente conocida en Telde vinculada al sobrino del cuasi perpetuo alcalde Aureliano Santiago ya condenado

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