El abogado del propietario de la bodega Stratvs, Juan Francisco Rosa, ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que archive la acusación por un delito de tráfico de influencias antes de que se celebre el juicio, que comienza el lunes de la próxima semana y se alargará durante cinco días.

El letrado José Antonio Choclán presentó unas alegaciones el pasado 7 de junio en las que considera que el empresario no tiene que esperar al inicio de la vista oral en el TSJC, que enjuiciará parte del caso Stratvs, para pedir el archivo de la acusación por tráfico de influencias en la concesión de la licencia de actividad municipal por el Ayuntamiento de Yaiza.

Aunque la bodega empezó a funcionar en 2007 y se inauguró en mayo de 2008, no fue hasta diciembre de aquel año cuando el Ayuntamiento otorgó en junta de gobierno la licencia de actividad. Un pinchazo telefónico en el caso Unión reveló una conversación previa entre el empresario y el entonces concejal de Urbanismo, Leonardo Rodríguez.

Según el fiscal Ignacio Stampa, entre el empresario y el político existía un “vínculo de camaradería” y el dueño de Stratvs “procedió a llamarle”, poco después de las tres de la tarde del 18 de diciembre, “pidiéndole que le ayudara a obtener la licencia” de actividad de la bodega.

Para el fiscal, el edil “podría influir” en el resto de miembros de la junta de gobierno, que se celebró al día siguiente, “dadas sus competencias” como primer teniente de alcalde y responsable de Urbanismo. Por la concesión de esta autorización también se sentará en el banquillo de los acusados la actual alcaldesa, Gladys Acuña, cuyo aforamiento como diputada obliga a que sea el TSJC el que celebre el juicio.

Para el abogado del empresario, conocido por haber sido magistrado de la Audiencia Nacional y defensor de acusados en mediáticos casos de corrupción, como Francisco Correo en Gürtel o la expresidenta del Parlamento balear María Antonia Munar, el presunto delito de tráfico de influencias del dueño de Stratvs estaría prescrito.

Según el fiscal Ignacio Stampa, entre el empresario y el entonces edil de Urbanismo existía un “vínculo de camaradería” y el dueño de Stratvs le pidió ayuda con la licencia de actividad

En su opinión, aunque las diligencias del caso Stratvs se iniciaron en julio de 2009 por el Juzgado número 5 de Arrecife, esto no supondría la suspensión del plazo de prescripción del delito, que en cuanto al tráfico de influencias sería de tres años. Así, traslada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que la responsabilidad del delito se habría extinguido en diciembre de 2011.

Para el abogado, “la primera vez que se dicta una resolución dirigida contra el culpable en relación con los hechos objeto de acusación en la presente causa es por medio de la providencia de 12 de noviembre de 2014”, cuando el Juzgado cita a declarar como investigado a Rosa y se le pregunta por la conversación intervenida. 

En su petición a la Sala de lo Penal del TSJC, el letrado de Rosa solicita que el tribunal “declare, de manera inmediata, sin esperar al trámite de cuestiones previas” en el juicio que comienza el próximo lunes, “la extinción de la responsabilidad penal” del dueño de Stratvs en la acusación de tráfico de influencias.

Una semana de juicio y 68 declaraciones

El primero de los dos juicios que se celebrarán sobre la bodega Stratvs comienza el 19 de junio y se alargará hasta el día 23. Para ello se trasladará hasta Arrecife la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La instrucción de Stratvs se acabó dividiendo en dos por la condición de aforada de Gladys Acuña, así que en este primer juicio sólo se van a poner en cuestión los hechos relacionados con los permisos otorgados por el Ayuntamiento, como la obtención de la primera licencia en 1999, de la prórroga de esa licencia en 2005 y de la obtención de la licencia de actividad para su apertura.

En el banquillo se sentarán diez personas. Además del propietario de la bodega Stratvs, Juan Francisco Rosa, se juzgará también al exalcalde José Francisco Reyes, al exconcejal de Urbanismo José Antonio Rodríguez y a los miembros de la junta de gobierno municipal en 2008, así como a técnicos del Ayuntamiento y del Cabildo.

Más detalles

PENAS. La Fiscalía pide penas altas de hasta 15 años de prisión para el empresario dueño de la bodega, pero en esta parte que juzgará el Tribunal Superior de Justicia las peticiones se limitan a tres años de cárcel. El segundo juicio se desarrollará en la Audiencia Provincial, aunque no tiene fecha.

AYUNTAMIENTO. El Ministerio Fiscal también pide casi cuatro años de prisión para Acuña, un año y medio para los miembros de la Junta de Gobierno, al igual que para Reyes y el ex secretario, dos años de prisión para José Antonio Rodríguez y penas de inhabilitación para los técnicos.