El abogado de Juan Francisco Rosa, José Antonio Choclán, consideró en sus conclusiones que el primer juicio del caso Stratvs ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ha sido un juicio global a Rosa, por un tráfico de influencias general, y que la instrucción del caso "no ha sido un modelo exportable". Dijo que no había hablado en el juicio de medidas inquisitivas, de desmanes policiales o de vulneración de derechos fundamentales porque no le parecía el foro adecuado.

Insistió en que el fiscal había incluido el delito de inducción a la prevaricación en su calificación porque intenta sortear la prescripción del tráfico de influencias modificando el delito. Señaló que las acusaciones han hecho "acusaciones genéricas e indeterminadas" y que aunque llamar por teléfono a un concejal pudiera ser un hecho poco ético o inadecuado, no es delito. Consideró que Rosa no tenía la capacidad suficiente para someter la voluntad de Leonardo Rodríguez, entonces edil de Urbanismo de Yaiza, y sostuvo que no se ha probado que tuvieran una relación personal.

También llegó a decir que aunque se hubiera tomado la decisión de conceder la licencia de actividad de la bodega Stratvs por ser el empresario quien es, eso no probaría que Rosa hubiera inducido a los cargos públicos a que tomaran esa decisión. Dijo que "en este juicio" no tocaba hablar más que sobre si el uso de bodega era posible para dar la licencia de actividad y dijo que Rosa se merece "igualdad de trato" para no ser perjudicado.

Calificó a los peritos de la Oficina del PIO del Cabildo, Joana Macías y Leopoldo Díaz, como "funcionarios de favor" porque, en su opinión, adaptaron sus informes a la dirección que se esperaba de ellos, "la dirección criminal". De hecho, casi todas las defensas atacaron la imparcialidad de Macías, la perito más contundente solicitada por la Fiscalía.

Afirmó que lo que hizo el presidente del Cabildo revisando el informe de Macías fue "poner orden en su institución". "Era necesario uniformar y poner orden", señaló Choclán, que intervino durante una hora, desde las 10.50 a las 11.56, y lo hizo en primer lugar aunque le tocaba hacerlo el último de los abogados defensores. Sus compañeros se lo permitieron porque tenía que coger un vuelo, pero no abandonó la sala hasta las 15.00 horas.

Otras defensas

El juicio quedó visto para sentencia pasadas las 17.30 de este viernes. El abogado de José Francisco Reyes., José Enrique Gómez, dijo que su defendido tan sólo tramitó la licencia y la envió al Cabildo. Por su parte, el abogado del ex secretario municipal, Luis F. Navajas, señaló que el funcionario solo hace un informe por el que inicia el procedimiento a seguir, que no es determinante, y que en la Junta de Gobierno donde se concede la licencia no emitió ningún informe.

José González, el abogado de Andrés Morales, dijo que los informes que hizo el técnico de actividades clasificadas de Yaiza fueron de inicio de los trámites y ya no intervino más y que el emplazamiento de la bodega estaba autorizado por el Gobierno. González terminó diciendo que en Lanzarote hay corrupción, pero que pretender decir que "todos son corruptos a sueldo del señor Rosa" le parece inadmisible porque "hay gente comprometida", y que este tipo de denuncias están haciendo mucho daño a la Administración pública porque la gente prefiere hacer un informe negativo e ir a declarar como testigo que hacerlo positivo e ir como imputado.

La abogada de Manuel Spínola, África Zabala, dijo que su defendido hizo el informe técnico en el sentido más estricto y que la resolución, que es la que se envía al Ayuntamiento, la hace el entonces consejero, Miguel Ángel Leal, que es quien califica la actividad. Se preguntó qué criterio se siguió para imputar a uno y no a otro.

Los abogados de los concejales que eran miembros de la Junta de Gobierno argumentaron que contaban con todos los informes favorables y que denegar la licencia hubiera sido injusto e ilegal. Por su parte, Beatriz Moya, la abogada de Leonardo Rodríguez, argumentó que la acusación no es consistente y que se demuestra la vocación de servicio del entonces concejal porque recibía cientos de llamadas de vecinos: 2.400 en tres meses.

Por último, el abogado de Gladys Acuña, Marcos Falcón, aseguró que el tipo de delito, prevaricación urbanística, no concuerda con el hecho de conceder una licencia de actividad y que la licencia ya estaba dada por silencio desde 2006.

Sobre el delito de prevaricación por omisión, por no cerrar la bodega, al igual que la abogada de Tato Rodríguez, Beatriz Díez, señaló que si se hubiera cerrado la bodega, se arriesgaban a lesionar los derechos de un tercero. Afirmó que se abrieron tres expedientes sancionadores pero que la bodega y la tienda tenían título habilitante, no como el restaurante, que sí se clausuró.