La aprobación del Plan Hidrológico de Lanzarote abre la puerta a una antigua reclamación de los empresarios locales. Así lo sostiene al menos la Cámara de Comercio de Lanzarote, que durante los últimos años ha presentado alegaciones, junto a otras organizaciones, para que se permita la producción de agua de forma privada para el autoconsumo.

El ente cameral considera que la incorporación de la posibilidad de autorizar desaladoras privadas en el nuevo Plan Hidrológico, aprobado hace dos semanas, resulta de “sentido común”.

Desde el año 2011 la Cámara de Comercio ha enviado hasta cuatro escritos de alegaciones en defensa de la desalación privada, “bajo las condiciones y requisitos de calidad y vigilancia que se estipulen, y sujeta a un canon que se utilice para fines de la gestión propia del ciclo integral de agua”.

La misma postura la ha defendido el ente cameral en sus intervenciones en el Consejo de Reserva de la Biosfera.La Cámara considera que reinvertir ese canon en otros fines, tal y como ya se ha puesto sobre la mesa públicamente, “no se ajusta a la norma”, por lo que propone que se destine a “reajustar el sistema de tarifas del agua”.

“Dado que el agua doméstica y agrícola son las más baratas de Canarias, según la información ofrecida por el Consorcio del Agua de Lanzarote”, los empresarios proponen que ese canon se reinvierta en “mejorar la competitividad empresarial de las empresas de Lanzarote, abaratando el coste del agua industrial, comercial y turística”. “Este ahorro supondría un impulso a la industria, que actualmente se ve afectada por los altos costes que sostiene”, añade la Cámara.

“Existen grandes consumidores de agua que, por sus características, no pueden estar sometidos a problemas de continuidad de suministro o mala calidad del agua y deben tener la posibilidad gestionar su producción para autoconsumo”, agrega el ente cameral.

Para la Cámara de Comercio, “esto no es incompatible con el establecimiento de un sistema de aportaciones económicas para sufragar el conjunto del sistema, así como el cumplimiento de las condiciones sanitarias y medioambientales que desde el Consejo Insular de Aguas pudieran establecerse, tanto para la captación, como para tratamiento y vertido”.