La Audiencia Provincial de Las Palmas ha rechazado suspender la pena de prisión impuesta a Javier Betancort, exconcejal de San Bartolomé, en una de las piezas del caso Montecarlo relacionada con el desfalco de 300.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife.

En el juicio, celebrado el pasado mes de julio, Betancort reconoció haber participado en una trama, junto al exinterventor Carlos Sáenz y el empresario José Vicente Montesinos, para sustraer 300.000 euros del Ayuntamiento capitalino a través del cobro de pliegos de contratación para concursos que luego no se realizaban.

La Audiencia condenó a Betancort, actual gerente de Lancelot Medios, a una pena de un año y medio de prisión. A Sáenz se le impuso una condena de tres años y tres meses de cárcel, la misma que a Montesinos.

En un auto dictado este martes, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial rechaza la petición de Javier Betancort de suspender el cumplimiento de la condena, tratando de evitar el ingreso en prisión.

Betancort reconoció haber participado en el desfalco de fondos públicos de Arrecife a través del cobro de pliegos de contratación que no se realizaban

Betancort presentó un recurso de súplica contra el auto del 26 de octubre, por el que la Sala denegaba la suspensión de la pena impuesta. La Fiscalía se opuso al recurso del condenado en el caso Montecarlo.

En su última resolución, que rechaza el intento de Betancort de que se le suspendiera la pena, la Audiencia recuerda que es un requisito imprescindible que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieran originado.

“Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine”, argumenta la Audiencia.

Además, la Audiencia recuerda que “el juez o tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento".

Es decir, abunda la Audiencia Provincial, “el pago de la responsabilidad civil es una condición necesaria para poder otorgar la suspensión de la pena, y en el caso presente no solo no se ha pagado dicha responsabilidad, sino que ya se anuncia que no se va a pagar”.

“Pasividad” del condenado

La Audiencia insiste en que Javier Betancort “desde el principio no pretende pagar lo defraudado, puesto que ni siquiera habla de cumplimiento parcial”.

La “pasividad del penado simplemente revela su voluntad de no abonar nada en absoluto de los 287.175 euros de dinero público defraudado”

Además, “no consta que haya abonado cantidad alguna, o que haya ofrecido bienes para su pago, o haya tratado de obtener algún tipo de financiación para cumplir con la responsabilidad civil, o que de algún modo haya mostrado su disponibilidad al pago”.

“Esta pasividad del penado simplemente revela su voluntad de no abonar nada en absoluto de los 287.175 euros de dinero público defraudado, y por ello no se cumple una de las condiciones necesarias para dejar en suspenso la pena”, recalca la Audiencia.

En definitiva, concluye la Audiencia Provincial, la intención de Betancort de evitar el pago de la parte económica de la condena le lleva a “desestimar el recurso de súplica interpuesto”. Contra el auto de la Audiencia “no cabe recurso alguno”, tal y como subraya la Sección Segunda.