La Audiencia Provincial de Las Palmas ha decidido estimar el recurso de apelación de la familia de Rosendo Deroes Moscoso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife de archivar la investigación sobre su fallecimiento sin que se esclarecieran las causas.

El auto, del que es ponente el magistrado Miguel Ángel Parramón, pide que reabran las actuaciones y se lleven a cabo las diligencias necesarias para aclarar lo que ocurrió. El Juzgado había decidido archivar el caso de forma provisional en agosto de 2019 y ese archivo lo había ratificado la Audiencia en febrero de 2020.

Después, en noviembre, el Juzgado había rechazado reabrir el procedimiento, ante el recurso de la familia, que alegaba que con posterioridad al sobreseimiento provisional se había realizado el informe definitivo de la autopsia “de cuyas conclusiones se desprende una muerte traumática, sin determinar con indicios racionales de comisión delictiva, por acción y/o por omisión, además de unas cifras altas por encima de las dosis terapéuticas de aminoclonazepam encontradas en el cuerpo del fallecido”.

En ese recurso, la familia insistía en que la sobremedicación con ese medicamento a la que hace referencia el informe de autopsia ayudó a la muerte del fallecido y que la sobredosis no podía ser por omisión, sino por acción de alguien (médico, enfermero, etcétera.) Consideran que “podríamos estar ante un delito de omisión del deber de socorro, del que existen indicios racionales, sin descartar homicidio o asesinato en cualquiera de sus variantes, o de lesiones, a determinar durante la instrucción y una vez practicadas las pruebas necesarias y pertinentes”.

La Sala considera que la decisión de no reabrir el procedimiento penal para la investigación de los hechos denunciados vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de la denunciante “habida cuenta del contenido de las conclusiones del informe definitivo de autopsia” que considera que se trata de una muerte violenta “de etiología médico-legal a determinar”.

La causa inmediata de la muerte fue un fallo de centros vitales y la causa fundamental fue por “traumatismo toracoabdominal con hemotórax, fracturas costales y hemoperitoneo”. Esas lesiones serían compatibles con que se hubiera producido una caída. Por otra parte, en el cuerpo del fallecido se detectaron “altas cifras de 7-aminoclonazepam en muestras de sangre y humor vítreo, por encima de las dosis terapéuticas”, señala el auto.

La Audiencia añade que añade que la investigación penal “ha de ser suficiente y eficaz, agotando las posibilidades racionales razonables de indagación sobre los hechos de apariencia delictiva”.

En la autopsia se encontraron altas cifras de un medicamento por encima de la dosis terapéutica

Así, señala dicho auto que se deben emplear “cuantas herramientas de investigación se presenten como racionalmente necesarias, suficientes y adecuadas ante toda sospecha fundada de delito”, y además, evitar demoras injustificadas que puedan perjudicar el curso o el resultado de la investigación.

El procedimiento se inició en agosto de 2019. “Resulta apresurado descartar a priori la tipicidad y relevancia penal de eventuales acciones u omisiones relacionadas con la muerte del fallecido (…) sobre todo si tenemos en cuenta que, más allá del atestado policial unido a las actuaciones, la única diligencia practicada al efecto ha sido la autopsia en cuestión”, dice el auto.

Además, destaca que se había dado por concluida la instrucción sin practicar el correspondiente informe médico-forense sobre la praxis sanitaria denunciada, en la atención y tratamiento del paciente fallecido y su relación con la causa de la muerte, que se deberá practicar ahora como diligencia pericial médico-forense.

La autopsia determinó muerte violenta

Hay que recordar que Rosendo, de 52 años, falleció el 10 de agosto de 2019 en el Hospital Insular, donde llevaba un mes ingresado por una encefalitis que le provocaba trastornos de conducta.

La explicación inicial en el Hospital Insular a la familia fue que se había producido una muerte súbita, pero la autopsia determinó que fue muerte violenta, ya que la rotura de varias costillas le produjo un encharcamiento en el pulmón.

La familia, ante las versiones poco creíbles del centro, puso una denuncia en la comisaría, ya que aparecieron restos de sangre en el cuerpo del fallecido y en la habitación que no encajaban con la explicación inicial de muerte súbita.

La familia había solicitado otra vez que se siguiera investigando porque durante la instrucción tan solo se había tomado declaración a una persona, una enfermera, y en comisaría. Esa enfermera declaró que, a lo largo de la última noche en la vida de Rosendo, el paciente se cayó en varias ocasiones. La enfermera dijo que Rosendo “era una persona complicada” y que se ponía nervioso por la noche.

La familia cree que tuvo que pasar algo más. Pide que declaren todos los que intervinieron esa noche, tanto el médico como los auxiliares, y solicita que se aporte a la causa el historial clínico. Asegura que no han podido ver las anotaciones de ese día en dicho historial.

En el escrito de apelación, la abogada de la familia considera que es preciso seguir investigando, sostiene que el relato de la enfermera está fabricado, pide que los testigos y la propia familia declaren y que se aporte el historial clínico completo y la autopsia definitiva.

La hermana sostiene que probablemente se puso agresivo y “se les fue de las manos”. “No creemos que nadie lo quisiera matar, pero queremos saber la verdad”, asegura.