La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha denegado la extradición a Marruecos de un ciudadano de ese país detenido en Arrecife  en noviembre de 2025, reclamado por las autoridades marroquíes para ser juzgado por su presunta participación en una organización dedicada a facilitar la inmigración clandestina hacia las Islas Canarias.

En un auto fechado el 22 de octubre de 2026, el tribunal considera que no se cumple el requisito de la pena mínima de dos años de prisión exigido por el convenio bilateral de extradición entre España y Marruecos.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Carlos Fraile Coloma, señala que los hechos atribuidos al reclamado serían constitutivos en España de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, recogido en el artículo 318 bis.1 del Código Penal.

Este delito está castigado con penas de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año, inferiores al mínimo de dos años de privación de libertad exigido para conceder la extradición.

El tribunal acoge así el criterio del Ministerio Fiscal y de la defensa, que habían solicitado rechazar la entrega por incumplirse ese requisito.

El procedimiento se inició el 17 de noviembre de 2025, cuando el ciudadano marroquí fue detenido en Arrecife en virtud de una orden internacional emitida el 4 de julio de 2024 por las autoridades judiciales de Marruecos.

La orden tenía por objeto su enjuiciamiento por un presunto delito de emigración e inmigración ilegales, castigado en la legislación marroquí con una pena máxima de veinte años de privación de libertad.

El detenido quedó en libertad provisional el 18 de noviembre de 2025, con la obligación de facilitar un domicilio y un teléfono móvil de contacto y comunicar cualquier modificación de estos datos.

La solicitud formal de extradición fue presentada por el Fiscal del Rey ante el Tribunal de Apelación de Guelmim para juzgar al reclamado por su presunta participación en una banda delictiva destinada a organizar y facilitar la salida de personas por zonas fronterizas no habilitadas para ello.

Según la documentación remitida por las autoridades marroquíes, la investigación se inició a raíz de las denuncias de varias personas que pretendían viajar clandestinamente a las Islas Canarias.

Uno de los denunciantes relató que había contactado con personas dedicadas a organizar travesías irregulares desde Marruecos hacia España y que se había fijado un precio de 30.000 dirhams por persona.

De acuerdo con ese testimonio, cinco candidatos a la emigración entregaron un total de 150.000 dirhams a uno de los presuntos organizadores durante un encuentro celebrado en una cafetería de Sidi Ifni.

El ciudadano marroquí fue detenido en Arrecife en noviembre de 2025 por su presunta participación en una organización dedicada a facilitar la inmigración clandestina

Los denunciantes permanecieron posteriormente en una vivienda alquilada en Mirleft a la espera de realizar el viaje, que finalmente no se produjo.

La documentación judicial marroquí recoge que los afectados denunciaron los hechos al considerar que habían sido víctimas de un fraude y una estafa.

Durante la investigación fue detenido uno de los implicados, quien declaró que conocía detalles de la operación y vinculó su organización con una persona residente en España.

Según esa declaración, el ciudadano reclamado, que residía en las Islas Canarias, se encargaba de transportar a los candidatos a la inmigración clandestina en lanchas neumáticas debido a su experiencia en esa actividad.

Las autoridades marroquíes señalaron que no habían podido detener al reclamado por encontrarse en Canarias.

El Consejo de Ministros español acordó el 24 de marzo de 2026 la continuación del procedimiento de extradición por vía judicial, tras recibir la documentación remitida por Marruecos.

Durante la comparecencia celebrada el 26 de junio de 2026, el reclamado manifestó que no consentía su extradición y que no renunciaba al principio de especialidad.

Posteriormente, el Ministerio Fiscal informó de que no procedía acceder a la entrega por incumplirse el requisito de la pena mínima exigida por el convenio bilateral.

La defensa también se opuso a la extradición y alegó, además de ese motivo, la falta de garantía de judicialidad de la orden de detención y el arraigo excepcional del reclamado en España.

En la vista celebrada el 22 de septiembre de 2026, el ciudadano marroquí reiteró que no quería ser extraditado, mientras que la Fiscalía y la defensa ratificaron sus respectivas alegaciones.

La Audiencia Nacional considera que, aunque los hechos descritos cumplen el requisito de doble incriminación al estar tipificados como delito tanto en Marruecos como en España, no concurre el requisito de la pena mínima exigida para autorizar la entrega.

Por este motivo, la Sala concluye que la extradición debe ser denegada y considera innecesario examinar los otros dos motivos de oposición planteados por la defensa.

El auto establece que, una vez sea firme la resolución, deberán quedar sin efecto las medidas cautelares impuestas al reclamado durante la tramitación del procedimiento.

La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de súplica ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el plazo de tres días desde su notificación.