La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha decidido mantener las sesiones previstas para que se celebre el juicio de la última pieza del caso Montecarlo. La vista oral comenzará el martes 31 de enero en Arrecife, donde también se celebrarán las sesiones de los días 1 y 7 de febrero, para las cuestiones previas y los testigos. El resto de las sesiones del juicio se celebrarán los días 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Uno de los acusados, el exconcejal Lorenzo Lemaur, renunció recientemente a su abogado y la semana pasada se le adjudicó un abogado de oficio, que solicitó que se aplazara la vista para que pudiera tener un tiempo razonable para prepararse la causa. En una providencia, el presidente de la Sección Primera, Miguel Ángel Parramón, desestima esa solicitud.

Esta pieza está relacionada con la empresa Tunera Producciones. En el banquillo se sentarán once personas, entre las que se encuentran el exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, el exalcalde José Montelongo, el administrador de esa empresa, Eduardo Ferrer, así como varios ex concejales como Lorenzo Lemaur, Víctor San Ginés, Isabel Martinón o Eduardo Lasso, además de antiguos asesores o trabajadores municipales como Blas Cedrés, Miguel Ángel Leal, Francisco Hernández o José Nieves.

Las tres primeras piezas del caso Montecarlo acabaron con sentencias condenatorias para casi todos los acusados. En la última pieza, relacionada con la empresa Inelcon y con muchas similitudes con esta pieza que se juzgará en breve, incluso la presencia de varios acusados, se absolvió a la mayoría de acusados y solo se condenó a la exedil Isabel Martinón y al exinterventor Carlos Sáenz.

El Ayuntamiento de Arrecife ejerce la acusación particular y la asociación Acción cívica contra la corrupción, la acusación popular. En esta pieza, el fiscal solicita seis años para el interventor, lo mismo que para el dueño de la empresa, y cuatro años y medio para el exalcalde José Montelongo y una inhabilitación absoluta de nueve años.

También pide cuatro años y medio de cárcel para los exediles Eduardo Lasso y Lorenzo Lemaur, igual que para los técnicos Miguel Ángel Leal y José Nieves. A los exconcejales Víctor Sanginés e Isabel Martinón le pide otros tres años. La acusación del Ayuntamiento coincide con la de la Fiscalía.

Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento concluyen en sus escritos de acusación que el importe "arbitraria y fraudulentamente abonado" por la Corporación municipal a esta productora de eventos "sólo entre los años 2009 y 2012" ascendió a un mínimo de más de 3,2 millones de euros. De todo este montante económico, "al menos" 121.182 euros obedecen a "pagos por servicios no prestados".

En su escrito de acusación, que respalda al de la Fiscalía, el Ayuntamiento describe una "mecánica fraudulenta creada" para mantener a Tunera "en una posición privilegiada y de cuasi exclusividad"

En su escrito de acusación, que respalda al de la Fiscalía, el Ayuntamiento describe una "mecánica fraudulenta creada" por el interventor municipal, Carlos Sáenz, y el empresario Eduardo Ferrer, para colocar a Tunera "en una posición privilegiada y de cuasi exclusividad", en "perjuicio de la libre concurrencia", incumpliendo "toda la normativa de contratación".

El Consistorio resalta que Montelongo, entonces concejal de Hacienda, y el interventor, utilizaron mecanismos como el reconocimiento extrajudicial de deudas para "enmascarar la ilegalidad de dichos pagos".

Uno de los aspectos que subraya el escrito de acusación del Ayuntamiento es "la existencia de informes por parte de funcionarios responsables" de la propia institución que "alertaban de las irregularidades detectadas en cuanto a la contratación y posterior intención de pago de dichos servicios".

El Ayuntamiento asume en su escrito de acusación que abonó tres facturas de 93.922, 63.000 y 15.461 euros, "sin que los servicios facturados nunca fueran ejecutados". Dos de ellas, para acciones de la Concejalía de Barrios, contaron con el visto bueno del entonces concejal Lorenzo Lemaur, "a sabiendas de su mendacidad".

También reconoce que se infringieron "las reglas básicas de contratación administrativa", adjudicando de forma "arbitraria" el festival Malpaís del año 2009, por el que se pagaron 324.404 euros, el festival del año siguiente, por el que se abonaron 288.000 euros, el Carnaval de ese mismo ejercicio, por el que se abonaron 328.676 euros, el concierto de Alejandro Sanz en agosto de 2010 por 290.220 euros o las fiestas de San Ginés por 473.692 euros.