El caso Jable ya tiene fechas de juicio. La Audiencia Provincial ha señalado seis jornadas en abril de 2023 y otras tres sesiones el próximo mes de mayo. El procedimiento, en el que se investigó el presunto cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife, llevaba más de cinco años en una “fase intermedia” desde que se culminó la instrucción.

En una diligencia, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha reservado los días 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de abril de 2023 para la celebración del juicio, así como el 2, 3 y 4 de mayo. En la misma resolución se ordena citar a los acusados, además de a los perjudicados, como el Ayuntamiento capitalino. No obstante, las fechas pueden recurrirse.

Lo que todavía no está claro es la composición del tribunal que enjuiciará el caso Jable. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acordó la recusación de los magistrados Carlos Vielba y María Belén Sánchez, por haber participado en otro juicio que se derivó del “tronco común” del procedimiento, que es el caso Unión. Esta recusación la solicitó el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, para evitar impugnaciones.

Dos de los acusados en el caso Jable, Dimas Martín, expresidente del PIL, y Rafael Arrocha, exjefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, ya fueron enjuiciados por Vielba y Sánchez en otra causa que se derivaba del caso Unión.

Fuentes del TSJC indicaron este lunes a Diario de Lanzarote que la Sala de tres magistrados que juzgará el caso Jable todavía no está conformada. El procedimiento, que se inició en 2008 en el Juzgado número cinco de Arrecife, es una de las principales ramas que se derivó de la investigación iniciada por el juez César Romero Pamparacuatro.

En el caso Jable se enjuiciará el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación del contrato de la recogida de basura en Arrecife a la empresa Urbaser y por la construcción del pabellón de Argana, que se entregó a la compañía FCC.

En el caso Jable hay 13 acusados y, además de Dimas Martín y Rafael Arrocha, se sentarán en el banquillo la exalcaldesa Isabel Déniz y el exsecretario municipal Felipe Fernández Camero. La acusación considera acreditado que solo Urbaser pagó al menos 757.000 euros en sobornos.

Para evitar que las defensas pudieran alegar que el tribunal del caso Jable está contaminado, la Fiscalía solicitó la recusación de los magistrados Vielba y Sánchez, que como integrantes de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial celebraron en 2019 otro de los juicios del caso Unión, relacionado con la red de cobro de comisiones en Arrecife y que culminó con condenas.

El nexo común entre aquel procedimiento, que confirmó la existencia de una trama para el cobro de comisiones, son dos de los acusados citados: Dimas Martín, que fue condenado a siete años y cinco meses de cárcel por asociación ilícita, malversación de caudales públicos en concurso con delitos de fraude y prevaricación, así como un delito de cohecho, y Arrocha, que aceptó una multa por un delito de revelación de información reservada.

Al contrario de lo decidido por el TSJC tras la petición de la Fiscalía, el tribunal rechazó, después de dos años y medio sobre la mesa, otra recusación, del acusado Felipe Fernández Camero, que había pedido apartar como posibles magistrados del juicio a Pilar Parejo, Nicolás Acosta y Pilar Verástegui. Alegó que habían resuelto trámites de la causa pero el TSJC concluyó que se habían limitado a efectuar un “control de legalidad” de resoluciones, sin entrar en el fondo.

Detenciones en 2010

Las primeras detenciones del caso Jable se produjeron en 2010, como una pieza separada del caso Unión. La instrucción finalizó en 2016 y la Fiscalía calificó en enero de 2017, mientras que en junio de ese año se conformó el auto de apertura de juicio oral.

En el caso Jable están acusadas 13 personas. De ellas, cinco son directivos de Urbaser, por el presunto amaño del concurso de la limpieza y la basura en el Ayuntamiento de Arrecife, y dos de FCC, por la construcción del pabellón de deportes de Argana y el pago de comisiones.

También están acusados los administradores de una sociedad relacionada con la obra de ese pabellón, además de la exalcaldesa Isabel Déniz, su antiguo jefe político en el PIL, Dimas Martín, el exjefe de la oficina Rafael Arrocha y el exsecretario Fernández Camero.

La Fiscalía Anticorrupción pide 13 años de cárcel para Dimas Martín e Isabel Déniz por delitos de asociación ilícita, prevaricación y cohecho de manera continuada. Fernández Camero y Arrocha se enfrentan a penas de hasta 19 años y seis meses de cárcel y 11 años y seis meses, respectivamente.

Según Anticorrupción, Dimas Martín e Isabel Déniz, junto a Rafael Arrocha y al ex secretario municipal Fernández Camero recibieron al menos 757.000 en sobornos en metálico y en regalos de las empresa Tecmed, que después pasó a ser Urbaser, y 46.674 euros de FCC, que fueron adjudicatarias de servicios y obras de manera irregular.