La Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado un auto en el que deja claro que los presuntos delitos cometidos en el caso de La Bufona no han prescrito, por lo que finalmente se celebrará juicio contra los promotores de la urbanización por delitos contra la ordenación del territorio, incumplimiento de precinto, falsedad en documento público o estafa.

El caso se ha prolongado durante unos 16 años, desde que se interpusieron las primeras denuncias. Al final han quedado como acusados el constructor, Antonio Caro, administrador de Brisa Inversiones, y el arquitecto y promotor Federico Echevarría, que en mayo de 2012 recurrieron la apertura de juicio oral con el argumento de que los delitos habían prescrito.

Ahora, la Audiencia Provincial rechaza que los delitos supuestamente cometidos hayan prescrito y censura que la solicitud de los acusados “ha sido formulada utilizando un cauce procesal inadecuado” al haberse “producido en el plazo concedido para formular escrito de defensa”.

Aunque la Fiscalía de Las Palmas tardó casi tres años en informar sobre la solicitud de prescripción de los delitos, rechazándola, la Audiencia tampoco considera que se haya producido “inactividad procesal”. De este modo, el auto de la Audiencia despeja el camino para que finalmente el Juzgado de lo penal señale fecha para el juicio.

Ocupación de suelo rústico protegido

Según la acusación, Echevarría y Caro se enriquecieron de forma ilegal con la construcción de 53 viviendas unifamiliares ocupando suelo rústico de especial protección de jable, fuera de los límites de la urbanización, sin realizar cesiones obligatorias y aumentando la edificabilidad y superficie máxima de las casas en contra de la normativa urbanística.

La Fiscalía pide condenas de cuatro años de cárcel para los promotores y el derribo de las obras ilegales

Además, en los escritos de acusación se destaca que los acusados desatendieron la orden de paralización y precinto dictada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), en julio de 2010, terminaron las viviendas y las vendieron.

El caso se inició con una denuncia del Seprona en el año 1999, a la que se sumó la de la familia Murillo, propietarios de los terrenos ocupados por esa urbanización, tanto los urbanos como los rústicos. Las diligencias, sin embargo, se tuvieron que volver a abrir un año después porque los papeles se extraviaron en el Juzgado.

Hasta 15 años de prisión

La Fiscalía y la acusación particular coinciden en acusar a Antonio Caro y Federico Echevarría de un delito contra la ordenación del territorio y de otro de desobediencia, por no respetar la paralización de las obras dictada por la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun), por construir 53 viviendas donde sólo podían levantar 30, por hacerlo sin licencia municipal y sin calificación territorial ocupando una zona de suelo rústico de valor ecológico y excediéndose de los límites del plan parcial y de la superficie permitida para las casas.

La acusación particular pide 11 años de prisión para Echevarría y 15 años para el administrador de Brisa Inversiones

La Fiscalía solicita tres años de prisión por el delito continuado contra la ordenación del territorio y un año de cárcel por el delito continuado de desobediencia grave a la autoridad. Como responsabilidad civil, pide que se les condene “conjunta  solidariamente” a “la demolición de las obras ilegalmente construidas y a la reposición de la realidad física alterada”.

En cambio, la acusación particular eleva a 11 años la petición de condena para Echevarría y hasta 15 la solicitud de pena para Caro, al considerarles responsables de delitos de falsedad en documento público y de estafa, tanto a la familia Murillo como por la usurpación del dominio público destinado a carreteras.

Lista de imputados

En el banquillo solo se sentarán Antonio Caro y Federico Echevarría, aunque en el proceso hubo más imputados: otro promotor, Francisco Carmona, delineante del Ayuntamiento y encargado del Catastro, falleció años atrás.

En la causa también estuvieron imputados el ex secretario municipal Felipe Fernández Camero, que firmó las licencias de las casas, y la ex alcaldesa María Isabel Déniz, a quien se acusó de haber permitido el levantamiento del precinto de las obras. Sin embargo, durante el procedimiento se archivó la causa contra ambos.

Orden de derribo parcial de los chalés

Cabe destacar que el Tribunal Supremo anuló la modificación del plan parcial de La Bufona que se hizo en 1998, por lo que actualmente todas las casas están fuera de ordenación. La Apmun ya ha ordenado el derribo parcial de 14 chalés que ocupan suelo rústico y responsabiliza a los propietarios de las viviendas, que han recurrido esa decisión, de haber ampliado las casas, al igual que hacen los promotores.

Entre los dueños de esas casas se encuentra un notario, que escrituró otras viviendas de esa urbanización, que sobre el papel tienen menos de cien metros cuadrados pero que en la realidad tienen cerca de 250 metros; el fiscal Miguel Pallarés, que ahora ejerce en Las Palmas pero que fue fiscal coordinador de Arrecife; o la presidenta insular del PP y parlamentaria, Astrid Pérez.

Más detalles

OMITIDAS. Varias casas estuvieron omitidas de la base de datos del catastro durante años, sin pagar impuestos, tampoco se realizaron los accesos por carretera, que aún no se han llevado a cabo, y se vendió una parcela que debía ser expropiada por el Servicio de carreteras del Gobierno a una cadena de supermercados.

PLEITOS. Además de todos los pleitos por los terrenos, el fiscal Pallarés, propietario de una de las viviendas con orden de demolición y que estuvo fuera de la base del catastro durante ocho años, interpuso tres denuncias por injurias y calumnias.

CONDENAS. Gonzalo Murillo fue condenado a pagar 15.000 euros por un artículo que publicó en prensa en el año 2003 quejándose de que la causa no avanzaba. El Agitador ha sido condenado dos veces a pagar 23.000 euros por dos viñetas en la que criticaba los hechos.

FISCAL. Miguel Pallarés es sobrino político del ex secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, que fue quien firmó las licencias de obras, mientras que la hija de Camero era la abogada de la promotora Brisa Inversiones.