La asamblea del Consorcio del Agua, compuesta por el Cabildo y los ayuntamientos, acordó el pasado viernes “la remisión a los Juzgados para su posible conciliación, mediación o transacción judicial” la propuesta de convenio con la empresa Club Lanzarote para la producción y venta de agua en la urbanización de Montaña Roja, en Playa Blanca.

De esta manera, la firma del convenio por el presidente del Cabildo y del Consorcio, Pedro San Ginés, queda supeditada a que el documento sea validado en los Juzgados. Si finalmente se ratifica el convenio estará vigente hasta que el Ayuntamiento reciba la urbanización de Montaña Roja. A partir de entonces, el servicio integral sería gestionado por el Consorcio.

Según indicó el organismo público, la alcaldesa de San Bartolomé, Dolores Corujo, se opuso a la remisión del convenio a los Juzgados. El jueves, la propia Corujo, como secretaria insular del PSOE, anunció la ruptura del pacto de gobierno en el Cabildo con Coalición Canaria y acusó al presidente del Cabildo de utilizar el convenio con Club Lanzarote para “establecer su defensa” en la causa por la incautación de la desaladora en septiembre de 2014.

“En mi opinión a la alcaldesa no le preocupa ninguna de las razones por las que se opone a este posible acuerdo, en la medida en el que el contenido del convenio está avalado por informes jurídicos: dos de la directora de los servicios jurídicos del Cabildo de Lanzarote, y un tercer informe favorable de la interventora del Consorcio”, señaló San Ginés.

Para el presidente del Cabildo,  “lo que en realidad parece que le preocupa” a Corujo “es que haya acuerdo y se solucionen los problemas”. También destacó que la dirigente socialista es “capaz de defender una cosa y al mismo tiempo la contraria con tal de mantener la estrategia de oposición al gobierno desde el gobierno” en la que hasta el jueves, cuando se rompió el pacto, “ha estado instalada”.

Claves del convenio

El convenio con Club Lanzarote establece que la empresa continuaría con la producción de agua para autoconsumo de sus instalaciones, mientras que el abastecimiento de agua a los vecinos se haría con facturación del Consorcio del Agua.

De esta manera, la empresa tendría que abonar un canon del 15 por ciento al Consorcio del Agua por el abastecimiento a los residentes de la urbanización, y el 50 por ciento por los enganches y acometidas a la red.