La nueva alcaldesa del Ayuntamiento de Arrecife, Astrid Pérez, explicó en el pleno municipal que ha solicitado un informe a la Oficina Técnica para que aclare la situación del expediente del centro comercial Garavilla y evitar el procedimiento judicial que han iniciado los promotores ante el silencio del Consistorio.

El procedimiento judicial se sustancia en el Juzgado de lo contencioso administrativo número tres pero el nuevo grupo de gobierno, según Pérez, considera que litigar sin fundamento “no tiene sentido”.

La alcaldesa reveló que “todos los informes” que han emitido tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Arrecife “son positivos”. “Con lo cual, con la ley en la mano”, la licencia de obras “tendría que concederse”, dijo.

No obstante, Pérez detalló que existe un acuerdo de la anterior Junta de Gobierno, encabezada por Eva de Anta, que solicita un informe a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias.

La nueva alcaldesa destacó su “sorpresa” con esa decisión del equipo de su antecesora. “No sé qué pinta Política Territorial del Gobierno de Canarias en una licencia netamente municipal con todos los informe positivos”, dijo.

El Gobierno de Canarias tenía que informar sobre el centro comercial desde la Dirección General de Comercio y Consumo, y la alcaldesa sugirió que tenía el visto bueno de ese departamento. La concesión de la licencia comercial para el centro de Garavilla, de 32.000 metros cuadrados, salió a exposición pública en julio de 2017.

La licencia que tiene que conceder el Ayuntamiento es la de obras, que es por la que se ha iniciado el procedimiento judicial. El Consistorio sí concedió en 2016 la autorización para el derribo de las antiguas instalaciones de la conservera Garavilla.

En el pleito judicial, la empresa promotora, participada por Hormiconsa y Supermercados Marcial, reclama que el Ayuntamiento reconozca la concesión de la licencia por silencio administrativo. “Me parece que si tiene todos los informes positivos, la licencia se le tuvo que haber concedido en tiempo y forma”, recalcó la alcaldesa.

Responsabilidad penal

Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria (CC), Echedey Eugenio, criticó que en el anterior mandato el grupo de gobierno compuesto por el PSOE y exconcejales del PIL retrasara la licencia del centro comercial Garavilla.

Además, Eugenio subrayó que si el expediente contaba con los informes favorables y no se otorgó la autorización de forma deliberada, la “obligación” de la actual alcaldesa es poner el caso en conocimiento de la autoridad judicial para determinar “si se cometió algún delito” por una presunta demora intencionada.