En mayo de 2018 una orden de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias cambió la vida de decenas de profesores interinos y sustitutos que impartían clase en las escuelas de Arte y Diseño de Canarias. “De la noche a la mañana” les declararon inhábiles para seguir ejerciendo. Los recursos potestativos que presentaron no recibieron contestación. Tras siete meses de silencio, la Plataforma de afectados interpuso una demanda que cuenta con el apoyo de la Universidad de La Laguna.

Antonio Montes era profesor en la especialidad Medios Informáticos en la Escuela de Arte Pancho Lasso de Lanzarote y hoy está en Madrid dando clases particulares de Dibujo Técnico, atónito todavía por no haber recibido explicación ninguna al recurso potestativo que presentó, junto a otros compañeros.

El curso pasado, Cecilia Rodríguez era tutora del primer curso del ciclo formativo de grado superior de Ilustración en la Escuela Manolo Blahnik de La Palma. Hoy es una de las sesenta profesionales que se ha movilizado contra lo que consideran “una orden insensata que repercutirá en la calidad de los estudios en las escuelas públicas”.

La orden administrativa que los ha apartado de la enseñanza les exige tener dos años de experiencia impartiendo la misma especialidad, “algo muy difícil de conseguir, porque un año te llaman para cubrir una asignatura y al año siguiente, para cubrir otra”.

La otra forma de optar a la plaza es tener un título de ciclo formativo de grado superior o medio, de inferior categoría al de su licenciatura en Bellas Artes. Así, se ha dado el caso de profesores que han pasado de estar dando clase en una Escuela de Arte a estar matriculados recibiéndola, pese a haber cursado un plan de estudios mucho más exhaustivo, tener un Máster de formación pedagógica y didáctica (antiguo CAP) o haber hecho doctorados y posgrados.

Según la Consejería de Educación, ninguna de esas formaciones académicas les capacita para seguir impartiendo clase como hacían hasta ahora. Es la primera vez que ocurre en España. “Más del 80 por ciento del profesorado de las escuelas de Arte y Diseño de Canarias son licenciados en Bellas Artes”, añade Cecilia Rodríguez, “y como consecuencia de la imposibilidad de ocupar todas las plazas que antes ocupaban estos profesionales, los centros han nombrado a dedo a los profesores del pasado curso, valiéndose de una excepción en la norma”. La orden también afecta a los licenciados en Matemáticas y Arquitectura Técnica.

Ni criterio, ni comunicación

En agosto del año pasado, los afectados presentaron recursos potestativos contra la orden solicitando su modificación y la suspensión de las listas que habían salido publicadas ese mismo mes y en las que no aparecían. La Consejería les respondió que no podían anular las listas porque supondría un perjuicio para el alumnado, que se quedaría sin profesores, “pero no contestó el fondo de la cuestión”.

¿Qué criterio han utilizado para redactar la orden? El texto legal sólo aclara que quiere “garantizar la calidad de las enseñanzas”. El decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, Alfonso Ruiz, se enteró de lo sucedido por una profesora de la Plataforma. “La comunicación entre la Consejería y la Universidad no fluye todo lo bien que sería deseable”, lamenta.

Ruiz comunicó la situación al rector de la ULL, que a su vez se puso en contacto con la entonces consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón. Esta le manifestó su sorpresa por lo ocurrido y su interés en arreglar la situación, explica Alfonso Ruiz. La reunión no se produjo hasta el mes de octubre y en ella la administración aseguró “que la orden obedecía a la necesidad de precisar más la especialidad de la gente que se contrataba”. En aquel encuentro “les costó reconocer que no habían hecho bien las cosas”, añade el decano, que considera que la orden “atenta contra la igualdad de oportunidades”.

La Universidad de La Laguna quiso sumarse a la demanda que presentó la Plataforma en marzo de este año, pero el juez lo rechazó “porque una persona jurídica no puede adherirse a una persona física como demandante”, así que el centro ha colaborado activamente en la redacción de los dos documentos que presentarán en el juicio: cartas de apoyo de todas las facultades de Bellas Artes de España y un estudio comparativo “exhaustivo” que analiza el plan de estudios de la licenciatura de Bellas Artes y los de los grados formativos.

“La orden va en contra de los criterios que se aplican en el resto de las comunidades autónomas y el paso del tiempo está causando un perjuicio a mis representados, que no pueden ejercer”, recuerda José Fleitas, abogado de la Plataforma.

La convocatoria de elecciones y el cambio de gobierno autonómico tampoco han facilitado las cosas. Nueve personas figuran como demandantes, hay veintidós que han puesto dinero para pagar los costes del juicio y de su defensa, y más de sesenta están colaborando. Algunos profesores les han brindado su apoyo pero no quieren ver su nombre relacionado con la Plataforma “porque temen represalias”.

“Son dos los motivos del recurso: demostrar que no se ha respetado el derecho adquirido de los licenciados en Bellas Artes y demostrar que su curriculum alcanza ampliamente para impartir clases”, explica Fleitas. El recurso solicita que se anule la orden y la convocatoria, para que no vuelva a suceder lo mismo en la próxima.

“Lo que sospechan mis representados es que esta ha sido una decisión de carácter político: alguien quiere atribuirse el mérito de generar salidas y trabajo a las personas que acaban de estudiar en las escuelas de Arte y Diseño, personas que han sido formadas por licenciados en Bellas Artes”, añade el abogado de la Plataforma. El 3 de julio se celebró la vista en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 y los afectados esperan ahora la sentencia.